A diferencia de las dos paralizaciones de desahucio anteriores, esta mañana la comisión judicial encargada de realizar el lanzamiento del desalojo ni siquiera ha hecho acto de presencia. Según pudo ratificar a las 13h30 el asesor legal de la PAH, después de que la información trascendiera a los medios, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió suspender el desahucio de María José y su familia por ‘motivos de orden público’. A esa hora, después de que esta mujer valiente, de 53 años y en paro, con un hijo minusválido a cargo, agradeciese a los presentes, a la PAH y a las asambleas de barrio, su ayuda, se dio por concluida una acción que comenzó cinco horas antes.
A las 7h30 una treintena de personas se daban cita ante la vivienda amenazada para ocupar el portal y bloquear la entrada del número 140 de la calle Virgen del Lluc, en Ciudad Lineal, donde esperaron la llegada de grupos de solidarios que, respondiendo al llamamiento de la PAH, se habían congregado una hora después en la salida de la estación de Metro Pueblo Nuevo. Desde ese lugar, personas de la asamblea popular del 15-M Ciudad Lineal conducían a los grupos que se iban formando hasta la casa de María José. Más de 300 personas han llegado a concentrarse frente la vivienda, ocupando una calle en la que la presencia policial ha sido muy discreta durante toda la mañana. En un ambiente de enorme fraternidad, los presentes, entre los que se encontraban numerosos afectados por hipotecas abusivas y activistas del Movimiento 15-M, no han cesado de entonar cánticos y lemas en solidaridad con la familia afectada, por la dación en pago, por el derecho a la vivienda y contra los poderosos y la usura bancaria.
La llegada de la comisión judicial estaba prevista para las 9h30. Pero al lugar sólo se ha presentado una dotación de los servicios sociales del Ayuntamiento, algo de obligado cumplimiento si en la vivienda con orden de desahucio habitan menores o personas con discapacidad.
María José vive con su hijo y su hija, licenciada, en situación de desempleo desde hace meses y avalista de su madre, en una modesta vivienda. Su hijo padece una minusvalía física del 77%. Por diversas circunstancias, se vieron obligadas a hipotecar su casa. Pero las cosas no fueron bien y, sin trabajo, fueron incapaces de hacer frente a un préstamo de 157.000 euros concedido por la CAM. Hoy, la entidad financiera, tras sumar los intereses y las costas del proceso, les reclama una cifra que supera los 200.000 euros. Un monto inasumible para un hogar que apenas consigue llegar a fin de mes con los 520 euros que la madre percibe por tener al hijo a cargo, más 168 euros procedentes de la Ley de Dependencia. La familia ha presentado una solicitud al Instituto de la Vivienda de Madrid, que ha respondido que la lista de espera de solicitantes de vivienda es muy larga, por lo que les aconseja que, mientras se resuelva su demanda, “se fueran a un albergue”. Como esto no supone una alternativa habitacional real, tal y como reclama la PAH, y la familia de María José corre el riesgo de de caer en una grave situación de exclusión social, el abogado ha reclamado la nulidad de un desahucio detrás del que se encuentra la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
Precisamente la sucursal de la CAM que concedió el crédito hipotecario a la familia amenazada, fue decorada tras la concentración en Virgen del Lluc con numerosas pegatinas con el lema “Este banco engaña, estafa y echa a la gente de su casa”.
