En concreto, la PNL insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a “incoar procedimiento de revisión de oficio de todos y cada uno de los actos de preparación y adjudicación del contrato de compraventa de las 32 promociones de viviendas de protección pública que se formalizaron en la escritura pública de venta otorgada el 25 de octubre de 2013 entre el IVIMA, por un lado, (hoy Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid) y ENCASA CIBELES, S.L., por otro lado, por la concurrencia en ellos del vicio de nulidad radical previsto y reglado en el artículo 47.1. e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, consistente en haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para la adopción de los antedichos actos de preparación y adjudicación”.
Como es sabido, las presuntas irregularidades que rodearon la operación de venta están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción Nº 48 de Madrid, que en los últimos meses ha llamado a declarar a ex altos cargos de la Comunidad de Madrid como Juan Van-Halen Rodríguez, un hecho que precipitó su dimisión en el cargo de director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento. En el momento en que se produjo la venta, el hoy imputado Ignacio González se hallaba al frente del Gobierno regional.
La exposición de motivos de la Proposición No de Ley recoge algunas de esas irregularidades, que fueron desveladas en un Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de noviembre de 2015. Así, la operación “vendría a desnaturalizar las funciones atribuidas al IVIMA” dado que como indica este documento “esta venta tiene un carácter especial, no forma parte del tráfico habitual del IVIMA, por el hecho de que no es normal sino todo lo contrario la venta por el IVIMA de estas características y dimensiones”. El carácter especial viene dado por el hecho de que “la enajenación se haya producido por una institución pública como el IVIMA que no solo tiene el carácter de promotor de viviendas protegidas, sino que además tiene asignadas otras funciones que cumplir (..) como son las de facilitar vivienda y alojamiento a personas y familias o proporcionar una vivienda digna…(y) acomodar el precio del arrendamiento de las viviendas sociales a las exiguas capacidades económicas de los adjudicatarios cuando sea necesario”. Recordemos que los 2.935 pisos que se vendieron al citado fondo buitre y hoy gestiona Encasa Cibeles estaban calificados como viviendas con protección pública en arrendamiento con opción a compra (VPPA-OC) y en arrendamiento (VPPA).
Otras irregularidades del proceso tienen que ver con la toma de la decisión de la venta, su justificación y la propia valoración del expediente de contratación de enajenación, elementos que, por si solos, son suficientes para declarar nula la operación y permitir que las viviendas vuelvan a ser patrimonio público, como defiende AVVI y la FRAVM, que siempre la ha apoyado en su batalla.
Recordemos que el pasado 25 de marzo el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó una proposición presentada por el PSOE y Ahora Madrid en la que insta a la Comunidad de Madrid a iniciar la reversión de la operación de venta. PP y Ciudadanos votaron en contra de esta petición de reversión, sumándose únicamente a los puntos menos comprometedores de la moción.
Finalmente, los afectados volverán a manifestarse este sábado, 22 de abril, desde las 12:00 en la Puerta del Sol para exigir a la Comunidad de Madrid que asuma sus responsabilidades en este caso, protegiendo a las miles de familias afectadas, muchas de las cuales se encuentran en estos momentos en riesgo de desahucio pues ha finalizado el plazo de sus contratos de alquiler con Encasa Cibeles y la empresa no desea renovarlos. Se trata de la tercera concentración de protesta en el último mes y medio.
