En este marco, la FRAVM se adhiere a las valoraciones realizadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) tras el anuncio efectuado por el ejecutivo el martes pasado.

Así, la PAH celebra ‘como una victoria el hecho de que la fuerte presión social, protagonizada en primer lugar por los propios afectados, haya logrado que finalmente el gobierno se vea obligado a anunciar medidas, a pesar de las fuertes presiones ejercidas por las entidades financieras’. Sin embargo, continúa en un comunicado, ‘mostramos nuestro escepticismo ante el calado de las nuevas medidas. Ayer Zapatero no concretó cuales serán, a excepción del aumento de la cantidad inembargable del salario, y en cambio subrayó que no amenazarán “la solvencia de las entidades financieras”. Le recordamos al presidente que las entidades financieras siguen acumulando beneficios millonarios en plena crisis, mientras que las familias sin recursos, las más vulnerables, son las más castigadas por una legislación perversa que sobreprotege a bancos y cajas. Es la solvencia de las cientos de miles de familias que actualmente sufren los procesos de ejecución hipotecaria la que debería preocupar al Gobierno, en lugar de ser tan sensible a los intereses de la banca especulativa’.

‘Sobre el aumento de la inembargabilidad del salario, se pasaría de los 705€ actuales (última reforma de abril 2010) a 961€, que podrían aumentar ligeramente en caso de tener personas a cargo (por ejemplo, persona con dos hijos, el mínimo inembargable serían 1346€). En el caso de las ejecuciones hipotecarias en el estado español, esta medida sería como querer parar una hemorragia aplicando una simple tirita:

No impediría que las familias queden condenadas de por vida, ya que las deudas hipotecarias permanecerían tras la pérdida de la vivienda. Una deuda impagable que crece con el tiempo. Aunque no te puedan embargar 961€, la condición de morosx te impediría, como sucede ahora, acceder a ningún crédito, pero también acceder a un contrato de alquiler e incluso puede ser un problema para lograr un trabajo. Es decir, se impide a miles de familias una segunda oportunidad, como en cambio sí sucede en todos los países de nuestro entorno, o con aquellas empresas del sector inmobiliario que se dedicaron a la compraventa especulativa de viviendas y a las que sí se les aplica la dación en pago.

Persistiría el problema de los avalistas: miles de padres y madres que han avalado a sus hijxs están perdiendo su propia vivienda porque lxs avalistas también deben responder de la deuda con sus bienes presentes y futuros.Es inaceptable que toda una generación quede condenada a la clandestinidad financiera, la economía sumergida y la exclusión social, sacrificando una vez más los derechos sociales de la población para garantizar aun mayores beneficios a la banca.Por ello, desde la PAH seguiremos luchando con todo nuestro empeño para lograr la aprobación de la dación en pago con efectos retroactivos, así como la moratoria de los desahucios y la posibilidad de que los antiguos propietarios de las viviendas puedan permanecer en ellas en régimen de alquiler social. Esta victoria, aunque del todo insuficiente, nos muestra cual es el camino.

Desde que empezamos con estas reivindicaciones hace más de dos años, muchas son las voces que se han sumado desde el ámbito social,  académico, judicial y político: la dación en pago y la moratoria de los desahucios se han convertido en un clamor popular, y hasta los mismos funcionarios de los juzgados encargados de desahuciar exigen su inmediata aprobación, tal y como han anunciado funcionarios de Valencia esta semana.

Ante el clamor popular, y la cercanía de las elecciones, el Gobierno debe decidir si gobierna para promover el bienestar de la mayoría de la población y la protección de lxs más vulnerables, o bien para acatar las órdenes de una banca avariciosa que por seguir acumulando beneficios y repartiendo obscenos salarios a sus ejecutivos, nos ha llevado a la crisis en la que estamos sumidos’, concluye la PAH.