Desde julio del pasado año, los usuarios del servicio de teleasistencia de Madrid, un dispositivo móvil que el Consistorio de la capital presta a las personas mayores para que puedan dar aviso en caso de urgencia, deben pagar por el servicio, inicialmente gratuito. La cuantía del copago al que tienen que hacer frente en torno a 130.000 usuarios oscila entre los tres y los 12 euros al mes. A priori, no parece demasiado, pero la medida adoptada por el equipo de Gobierno de Ana Botella para “cuadrar cuentas” supone un nuevo golpe para un colectivo gravemente afectado por las medidas adoptadas por la Administración para gestionar la crisis (congelación de las pensiones y copago de medicinas, centros de día y ayuda domiciliaria.

Antes del tarifazo pagaba un 2% de los 133.216 usuarios de teleasistencia de la capital: las personas con las rentas más altas y menores de 80 años. Desde enero de 2014, afectará a más del 65%, en función de sus ingresos: quienes perciban entre 460,29 y 614,29 euros pagarán tres euros (el 25,3% del total); los pensionistas que cobren entre 614,29 y 768,30 euros (18,8%) pagarán seis euros; nueve euros para las que oscilan entre 768,30 y 999,32 euros (13,7%) y 12 euros para los que cobran más de 999,33 euros (7,9%). Quedan exentos de pago los usuarios que cobren menos de 460,29 euros al mes, el 34% del total.

En diciembre de 2013 la Plataforma Vecinal San Blas-Simancas registró 6.099 firmas de otros tantos vecinos y vecinas del distrito que reclaman la reetirada del cobro del servicio por considerar que afecta a un sector de la población de rentas casi mínimas a las que se suman las 5.329 registradas hoy.