Decenas de asociaciones vecinales se dieron cita ayer en la asamblea monográfica convocada por la FRAVM para tratar un tema que preocupa crecientemente a la población madrileña: las consecuencias de la privatización de la sanidad pública emprendida por el Gobierno de Esperanza Aguirre.

La asamblea coincidía con el último golpe asestado por el equipo de Gobierno regional a la sanidad pública: la supresión de la Dirección General de Salud Pública y Alimentación y la extinción del Instituto de SaludPública. Tales medidas suponen, en palabras de los profesionales del sector, la liquidación del área responsable de las actividades y las campañas de prevención ante “amenazas tan graves para la salud de la población madrileña como la crisis de `las vacas locas´, las dioxinas de la carne de los pollos belgas, la legionella o la epidemia de meningitis”. Los profesionales subrayan que “todas las comunidades autónomas de nuestro país disponen de una Dirección General de Salud Pública, y algunas de las que decidieron suprimirla han vuelto a crearla dada la importancia de que las competencias de la salud pública se dirijan de una forma coordinada y racional. Los Estados Europeos más avanzados socialmente potencian estetipo de organismos y la nueva estrategia de salud para Europa de la Comisión Europea, tiene como prioritarias las intervenciones que habitualmente se desarrollan en las direcciones generales de salud pública. Los madrileños y las madrileñas -advierten- afrontan actualmente retos tan complejos como elenvejecimiento progresivo de la población, el sedentarismo y la obesidad y deberán hacer frente en un futuro próximo a posibles situaciones de crisis como una pandemia de gripe o la aparición de nuevas enfermedades ocasionadas por agentes infecciosos o tóxicos ambientales”.

Tras exponer algunas de las consecuencias que padecen los usuarios de los centros de atención primaria, de los centros de especialidades y algunos de los hospitales recién inaugurados, las asociaciones vecinales acordaron iniciar una “ofensiva” informativa y movilizadora para dar cauce a las quejas de la ciudadanía sobre la prestación de la atención sanitaria en los barrios y denunciar la relación directa entre el abandono de la atención primaria y la cesión de la gestión de los nuevos hospitales a empresas privadas.

El calendario de movilizaciones comenzará el próximo martes 15 de abril a las 19h. con una concentración contra el cierre del hospital Puerta de Hierro que tendrá lugar en la calle Aduana, frente a la sede de la consejería de Sanidad.

Al día siguiente, el miércoles 16 de abril a las 11,30h. las asociaciones vecinales del área 4 convocan otra concentración ante el hospital Ramón y Cajal para pedir una reunión con el gerente del área al objeto de estudiar el Plan Funcional del centro, que da servicio a casi 550.000 vecinos, más del doble de lo recomendado por la Ley General de Sanidad.

Las mismas asociaciones se movilizarán un día después, el jueves 17 de abril a las 19h. para exigir la construcción de un hospital público en los terrenos del antiguo hospital militar del Aire. Los vecinos recuerdan que el 26 de septiembre de 2003 el Consejo de Ministros autorizaba la construcción del nuevo Hospital Central de la Defensa en Madrid “en los terrenos del antiguo Hospital Militar del Aire” y con un presupuesto aproximado de 85 millones de euros. El nuevo hospital sustituiría “al actual Hospital Central (antiguo Gómez Ulla) el cual, por sus dimensiones y estructura, demanda una excesiva cantidad de recursos humanos y conlleva unos gastos de mantenimiento muy elevados. Por otra parte, es intención del ministerio de Defensa, previo convenio con la Comunidad Autónoma de Madrid, que se ponga a disposición de la sanidad pública madrileña”.

En febrero de 2004 el Consejo de Ministros autorizaba “la celebración del contrato para las obras de la nueva sede del Hospital Central de la Defensa en Madrid”, un proyecto dotado con 84.723.313 euros que “tiene un indudable interés para la ciudadanía de Madrid, pues es intención del ministerio de Defensa que, además de cubrir la asistencia sanitaria del personal militar y sus familias, previo Convenio con la Comunidad Autónoma, se ponga a disposición de los beneficiarios de la sanidad pública madrileña”.

Las obras no aún no han empezado, ello a pesar de que el hospital de referencia del área IV, el hospital Ramón y Cajal, da cobertura sanitaria a más de 500.000 personas, el doble de lo recomendado por la Ley General de Sanidad, una situación que ha obligado en más de una ocasión a derivar pacientes a otros hospitales de Fuenlabrada y al Carlos III.

Todo esto es sólo el principio. Asociaciones de varias áreas sanitarias están preparando otras movilizaciones para el martes 29 de abril con el objetivo de ‘plantar batalla’ contra la privatización en cada una de ellas el mismo día.