El pasado lunes, a la hora de la cena, un grupo de personas encerradas en el CIE de Madrid iniciaron un ayuno indefinido con objeto de protestar contra “el trato inhumano que reciben diariamente y para apoyar desde dentro la manifestación convocada para el próximo sábado”, indican los promotores de la marcha, entre los que se encuentran la Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados, Ecologistas en Acción y las asociaciones vecinales de Aluche y Carabanchel Alto, entre otros muchos colectivos. Según éstas, después de que Delegación de Gobierno enviara al centro la misma noche del lunes policías antidisturbios para aplacar una protesta a todas luces pacífica, esta mañana se han sumado a la huelga de hambre el resto de internas e internos del CIE. Los inmigrantes recluidos se quejan de “carencias en atención médica, frío y la falta de calefacción, mantas o camas”, además de la existencia de “casos de maltrato, abusos sexuales en los módulos de mujeres y el trato vejatorio del que son víctimas y que por su situación no pueden denunciar”, sostienen las mismas fuentes. Una situación que no es exclusiva del CIE de Madrid. Denuncias similares se han realizado contra los CIE de Canarias, Barcelona, Valencia y Algeciras.

En la misma línea que la convocatoria del sábado, las internas e internos de Aluche denuncian “las políticas criminalizadoras de los gobiernos que ordenan expulsiones a inmigrantes con arraigo contrastado” y el cierre de unos centros que, al igual que “Guantánamo”, aparecen como “lugares cerrados, oscuros, invisibles, limbos jurídicos donde no se sabe lo que pasa”.

Tal y como indican en un comunicado que han hecho público con motivo del acto del sábado, “las personas detenidas en los CIE, hasta su expulsión, lo están por su situación irregular, concepto previamente creado por los gobiernos. Su delito es no tener papeles, una falta administrativa, equivalente al impago de una multa de tráfico. Lo terrible de estos centros es, precisamente, que son cárceles sin delincuentes. Poco o nada importa la conducta de los allí encerrados, castigándose sistemáticamente con instrumentos procedentes del Derecho Penal a personas que han estado contribuyendo con su esfuerzo a la creación de riqueza, por faltas tales como no haber renovado en plazo su autorización de trabajo y residencia. Son las únicas instituciones de los Estados Europeos creadas exclusivamente para personas extranjeras. En un reciente informe del Parlamento Europeo los CIEs españoles aparecen entre los peores de la Unión Europea”.

El pasado 27 de noviembre treinta internas del CIE de Madrid, que se encuentra ubicado significativamente en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, escribieron una carta para denunciar su situación: “En los calabozos del centro en altas horas de la madrugada hemos escuchado como maltratan a los internos y no contentos con el maltrato no les dan de comer durante el tiempo que están allí. También nos tienen amenazados de que si denunciamos, podemos ir a la cárcel o más rápido ser expulsados”, escribían.

“Los CIEs no tienen un régimen interno desarrollado legalmente ni cuentan con protección judicial alguna, más allá del Auto que dicta el internamiento. La monitorización de los derechos de los internos recae exclusivamente sobre la Dirección General de la Policía, hecho insólito teniendo en cuenta la naturaleza de la falta administrativa, lo que da lugar a graves situaciones de desamparo y arbitrariedad. Sólo la policía y los internos pueden acceder a su interior, impidiendo la entrada de colectivos que puedan defender los derechos de las personas allí detenidas. Esta actitud responde a la criminalización de la migración por parte de las instituciones políticas europeas, enmarcada dentro de una estrategia de normalización de los procedimientos de encierro como técnica de gestión de esos movimientos de población. Se castigan los flujos de personas, para regularlos como variable de ajuste del mercado de trabajo y del nivel de demanda de mano de obra, instrumentalizando y cosificando a las personas migrantes al servicio del capitalismo global, que venera la libre circulación del capital y las mercancías y reprime la de las personas”, señala el citado comunidado, antes de continuar: “Actualmente se encuentra en trámite para su aprobación una Directiva Europea que pretende prolongar la detención en los Centros de Internamiento hasta los 18 meses. En la UE proliferan los centros de internamiento y su “política de vecindad” se orienta a fomentar la instalación de estos centros en los países terceros limítrofes, lo que dificultaría aún más garantizar los derechos humanos fundamentales. La existencia de los centros de internamiento pone de manifiesto la brutalidad y violencia estructural del sistema de fronteras y sus leyes de extranjería, leyes de esclavitud moderna encubiertas al servicio del mercado”, concluye.