El pasado 1 de marzo, el Centro de Especialidades de Fuencarral cerró definitivamente sus puertas debido, según responsables de la Consejería de Sanidad, a deficiencias en la estructura del edificio. Desde entonces, sus 70.000 usuarios se ven obligados a trasladarse a otros centros sanitarios, algunos de ellos situados en otros municipios, como Colmenar de Oreja.

Las asociaciones vecinales recuerdan que, a pesar de sus múltiples requerimientos, la consejería que dirige Fernández-Lasquetty se ha negado hasta el momento a facilitar una copia del informe derivado de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en base al cual ordenaron la clausura del centro. La misma respuesta ha obtenido su petición de reunión: el silencio e, incluso, apuntan, la “tergiversación” consistente “en sugerir la existencia de contactos con las asociaciones de vecinos que, en realidad, no existen”.

Las reuniones que las asociaciones vecinales mantienen cada semana para intentar buscar una solución a los problemas derivados de la clausura del centro han resultado, por tanto, infructuosas. “Los vecinos, sobre todo los mayores, tienen serias dificultades para acceder a otros centros de especialidades, especialmente al de Colmenar Viejo y al de Peñagrande, cuya pésima comunicación no ha resuelto la única actuación planteada por las autoridades: el desvío de la línea 137 de la EMT”.

Añaden a esto la saturación de los centros de Bravo Murillo y de Peñagrande, a donde han sido derivados la mayor parte de los 70.000 usuarios del ambulatorio clausurado, lo que ha incrementado de forma notable su presión asistencial. “Ahora los vecinos tardan una hora y media solo en pedir una cita para el especialista”, lamenta Mª Jesús Vilches, de la AV La Unión de Fuencarral. Y todo ello, según las asociaciones vecinales, por culpa de una “irresponsable falta de mantenimiento del centro clasurado”.

Según “fuentes conocedoras del expediente de la ITE”, los daños detectados en parte de la estructura “vendrían provocados por filtraciones en las conducciones de sus aguas residuales detectadas en 2002”. Esas mismas fuentes señalan que la Consejería emprendió las obras de reforma necesarias pero que, por razones desconocidas, se detuvieron sin que volvieran a retomarlas más. Los daños estructurales detectados ahora, por tanto, no afectan a todo el edificio, sino solo a lo que no se reformó en 2002”, remacha Vilches.

La falta de liquidez necesaria para rehabilitar ahora el centro de especialidades no convence a las asociaciones vecinales: “las obras iniciadas en 2002 costaron en torno al millón y medio de euros. Ahora, por culpa de la incuria de la administración, la reforma costaría en torno a tres millones de euros”, apunta Vilches, una cantidad que la Consejería puede asumir ya que “ha invertido tres y millones y medio en la reforma del centro de especialidades de Torrejón de Ardoz”, un centro clausurado cuando se abrió el hospital del municipio ya que, según los responsables de la Consejería, “ya no hacía falta”. “Tras un año de cierre –apunta Vilches-, la Consejería da marcha atrás y reabre el edificio sin reparar en los costes de la reforma”.

Las asociaciones vecinales sospechan que “es probable que el CEP de Torrejón se reabra en régimen de gestión privada”. “Se habrá utilizado así el dinero de todos los madrileños para reformar el edificio y facilitar el negocio de la empresa encargada de la gestión. ¿Se seguirá la misma pauta con el CEP de Fuencarral: dejar que se deteriore y cerrarlo para después arreglarlo a costa del erario público y dárselo llave en mano a una empresa privada?