Vecinos afectados por el impago de las citadas subvenciones llegados de los barrios de San Agustín, Colonia Urpisa y Alto del Arenal (Vallecas), Ciudad de Los Ángeles (Villaverde), Orcasitas (Usera), Batán y San Ignacio de Loyola (Latina) y Manoteras (Hortaleza), y representantes ciudadanos de pueblos como Leganés y San Fernando de Henares llevaron su protesta desde la calle Mayor hasta la sede del Gobierno de Cristina Cifuentes. Allí, al igual que han hecho otras muchas veces, exigieron el pago de una deuda que asciende a los 10 millones de euros y afecta a unos 20.000 hogares.

Recordemos que gracias al artículo 20 de la Ley 4/2012, una norma aprobada con el recurrido argumento de la crisis económica, el Gobierno regional dejó de abonar el tramo autonómico de las subvenciones a familias que, en el marco de los planes de vivienda estatales y regionales, habían rehabilitado sus viviendas en los años anteriores a 2012. Además, rebajó de 50.000 a 15.000 euros las subvenciones a las comunidades de propietarios que habían instalado ascensores en edificios de tres y más alturas que carecían de él, dejando a centenares de familias con unas deudas en ocasiones inasumibles.

Tras la entrega de firmas y la manifestación del día de hoy, la FRAVM continuará promoviendo mociones de apoyo a los damnificados en ayuntamientos de la región y en juntas municipales de distrito de la capital. De momento, han aprobado declaraciones en este sentido los consistorios de Coslada y San Fernando de Henares y las juntas de San Blas y de Chamartín.

En el plano judicial, con motivo de los adeudos, el Juzgado de Instrucción Número 36 de Madrid ha admitido a trámite una querella que presentó la asociación vecinal Los Pinos de San Agustín a principios de septiembre contra Pablo Cavero, ex consejero de Transporte, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad, por prevaricación y malversación de fondos públicos. La entidad, a la que se ha sumado la FRAVM en su demanda judicial, denunció a Cavero, hoy concejal del Ayuntamiento de Madrid en la oposición, por destinar parte de los 85 millones de euros recibidos del Estado para la rehabilitación de viviendas a otras partidas.