En diciembre de 2008, la presidenta regional Esperanza Aguirre anunciaba la privatización del Canal de Isabel II, una medida que pilló a todo el mundo por sorpresa toda vez que no estaba recogida en su programa electoral. Poco después, la privatización de la empresa pública que gestiona, desde hace 150 años, el ciclo integral del agua, era aprobada por el método del ‘rodillo’, con la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Desde entonces, la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, de la que forma parte, entre otras organizaciones, la FRAVM, no ha cejado en su empeño de exigir el derecho de someter a debate público una medida que, a su juicio, constituye un expolio del patrimonio público. Para ello, ha convocado decenas de asambleas informativas, varias manifestaciones y una consulta popular en la que participaron, el pasado 4 de marzo, más de 175.000 personas, de las cuales, el 99% votó a favor de la gestión 100% pública del canal.
Meses antes, el diciembre de 2011, los ayuntamientos de Leganés, Coslada, Getafe, Fuenlabrada, San Fernando Colmenarejo, Rivas y Casarrubuelos, que representan a más de 600.000 habitantes presentaron en la Asamblea de Madrid una Iniciativa Legislativa Popular dirigida a derogar todas aquellas disposiciones de la Ley 3/2008 que quebranten o alteren el irrenunciable carácter público del Canal.
