Pérez Quintana y varios representantes de la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Centro han presentado esta mañana en la sede de la Comunidad de Madrid de la Puerta del Sol sus alegaciones al proyecto regional, consideraciones que esperan que el equipo de Cifuentes tenga muy presente en la elaboración definitiva del decreto.

¿Por qué el proyecto autonómico beneficia a los operadores en detrimento de los vecinos y vecinas? En primer lugar, porque “suprime la habitualidad, permite el alquiler por habitaciones y establece unos muy generosos porcentajes de viviendas turísticas sobre el total de viviendas en los edificios”, afirman las asociaciones vecinales en su escrito de alegaciones. “La cualificación de habitación no puede considerarse de ninguna de las maneras en un régimen regulatorio referido a viviendas, pues las primeras son parte integrante de estas y por otra parte carecen, por su propia condición, de las dotaciones y elementos con los que están dotadas las viviendas”, subrayan.

Respecto al porcentaje de VUT implantadas en un edificio, la Comunidad de Madrid indica que este no podrá superar el 75% de la totalidad de las viviendas existentes, y que ese porcentaje se reducirá al 50% en aquellos inmuebles que pertenezcan a un único propietario. Ante esto, las asociaciones vecinales de Centro alegan que “cuando se establece un porcentaje mayor al 50% se está permitiendo que los vecinos que tienen su vivienda en el edificio se conviertan en minoría y según el sistema de votación de la Ley de Propiedad Horizontal se transforma de “facto” en un hotel. En los edificios de uso residencial la prioridad debe mantenerse residencial y no terciaria, como derecho fundamental. Por tanto deberían rebajarse los porcentajes en todos los casos por debajo del 50%”.

Las capacidades máximas alojativas que incluye el decreto son también desproporcionadas. “La ocupación establecida [4 personas para viviendas entre 25 m² y 40 m² útiles] supone un hacinamiento de turistas que no corresponden en absoluto a los valores reales de ocupación de las viviendas en la Comunidad de Madrid”, cuya media es de 2,5 personas por hogar. Si se mantienen los límites de ocupación por inmueble que marca el proyecto, corremos el riesgo de “imponer a los demás propietarios un sobreuso, sobreexplotación y degradación de los espacios comunes del edificio (ruidos, uso extraordinario de ascensores, escaleras protegidas por las que se suben maletas arrastrándolas, consumo de luz, generación basuras extraordinarias, desperfectos)”. Además, los propietarios de las VUT “no pagan más gastos comunes aunque generan más gastos a la comunidades”.

Limitaciones ficticias
Por otro lado, las supuestas limitaciones para introducir orden en la actividad que contempla el texto de decreto son “ficticias”. Por ejemplo, establece que las comunidades de propietarios podrán regular en sus estatutos la prohibición de que se implante la actividad, lo que supone un auténtico “brindis al sol mientras no se resuelva el escollo de que la decisión se ha de tomar por unanimidad”, sostiene Pérez Quintana. “Requiriendo la unanimidad para “prohibir” la actividad en lugar de para “aprobar”, se está priorizando el derecho de libertad de empresa sobre el derecho de vivienda, lo que es una transgresión de nuestro derecho constitucional. Asimismo, se impone una servidumbre de dominio a los demás propietarios que no están de acuerdo con un cambio de uso que impacta a su propiedad y calidad de vida” puede leerse en las alegaciones vecinales.

Otro de los puntos de fricción tiene que ver con el uso que la Comunidad de Madrid hace del término “economía colaborativa” para fundamentar su propuesta. Las asociaciones vecinales resaltan que el Gobierno regional no incluye “la distinción fundamental que establece la resolución del Parlamento Europeo de distinguir entre “aquella ocasional y entre “pares” y los profesionales (dedicados al 100% a la actividad empresarial). No procede por tanto y en este caso hablar de “economía colaborativa” en tanto en cuanto lo que se desarrolla es una actividad económica como cualquier otra, en este caso, la de prestación de servicios de alojamiento a turistas”.

Las alegaciones presentadas esta mañana también afectan a los puntos del decreto relativos a los canales de oferta turística, las declaraciones responsables y el seguro de responsabilidad civil. En el apartado de “requisitos”, las AAVV solicitan también incluir uno nuevo destinado a que se respete el derecho a la accesibilidad de las personas con movilidad reducida residentes.

La FRAVM recuerda que el pasado 13 de julio presentó una batería de alegaciones a la resolución de Turismo por la que se acordaba la apertura a trámite de consulta pública para la modificación del Decreto 79/2014, pero que, desgraciadamente, a día de hoy no ha recibido contestación alguna. En estas alegaciones, la federación vecinal realizaba tres sugerencias que hoy ha vuelto a presentar: un refuerzo de los servicios de vigilancia e inspección dependientes de la Comunidad de Madrid, la suscripción de convenios de colaboración con los ayuntamientos y la aplicación real del régimen sancionador.

El proyecto de modificación del decreto “no incluye una atribución expresa a los ayuntamientos para que puedan limitar el uso de una actividad económica como son las VUT”, algo que podría hacerse en función del PGOU que define los usos de los barrios. Por este motivo “debería de incluirse esta mención expresa”, concluyen las asociaciones vecinales de Centro y la FRAVM en su escrito de alegaciones.