Además, como hace cada lunes desde el 8 de junio, esta tarde se concentrará a las 20:30 ante el establecimiento clausurado, que se encuentra en el número 11 de la calle del Monte Alegre. Más de 1.100 personas han firmado ya una petición por la reapertura del consultorio abierta por la entidad vecinal en el portal Change.org

La Asociación Vecinal de La Poveda ha presentado la queja ante el Defensor del Pueblo al entender que la Consejería de Sanidad “ha privado del derecho a la protección de la salud (artículos 43.1 y 43.2 de la Constitución Española) a una población que roza los 6.000 habitantes, esto es, un 10 % del censo total del municipio de Arganda del Rey”. El barrio no entiende por qué su consultorio, a pesar de que ya estamos en la “nueva normalidad”, sigue aún cerrado.

“La ciudadanía comprendió el sentido de dicho sacrificio [el cierre del centro] y desde marzo hasta junio nos vimos privados de nuestra atención sanitaria presencial. Entendimos que se trataba de un cierre temporal, pero a tenor de lo que nos manifiesta la Gerencia, no tenemos expectativas de que esta situación vaya a cambiar próximamente”, sostiene la entidad en su escrito.

La Comunidad de Madrid “arguye falta de personal, la mayor eficiencia en la gestión de los recursos humanos disponibles concentrándolos en el centro de salud de referencia, la necesidad de reorganizar la atención en los centros de atención primaria o de implantar un nuevo modelo de atención que, al parecer, nos va a condenar a ser atendidos por teléfono”, indica el colectivo barrial. “Incluso -continúa- se ha llegado a defender que el edificio donde se asienta nuestro consultorio no reúne las condiciones arquitectónicas para atender separadamente a los pacientes COVID de los no COVID. En este sentido, observamos que en el propio centro de salud de referencia, el de Arganda-Felicidad, así como en otros repartidos por toda la geografía madrileña, los pacientes esperan en la calle a ser atendidos y no se han implantado en ellos recorridos diferenciados para distintos tipos de pacientes, por lo que no entendemos por qué nuestro consultorio parece ser el único de toda la comunidad autónoma que necesita reformas para poderlo reabrir”, se pregunta la asociación vecinal.

“Es increíble que en la “nueva normalidad” cerca de seis mil habitantes estemos privados de nuestra atención sanitaria de cercanía y tengamos que desplazarnos a una distancia de más de cinco kilómetros al centro de salud de referencia, con los perjuicios que ello supone para las personas con movilidad reducida y el peligro que entraña la propia movilidad de las personas en estos tiempos”, señala la entidad.

Por todo lo anterior, “y teniendo en cuenta los intentos de cierre de nuestro consultorio que se han producido desde 2018, nos parece que la pandemia ha puesto en bandeja un cierre sine die y/o definitivo de esta instalación tan fundamental para nuestro barrio, en el que vive una población cada vez de más edad. Así pues, este colectivo vecinal solicita el auxilio del Defensor del Pueblo para que nos ayude a deshacer este nuevo atropello a nuestros derechos constitucionales llevado a cabo por nuestra Consejería de Sanidad”, concluye la agrupación ciudadana en su queja.