La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid exige la regulación de la dación en pago con carácter retroactivo

En la Comunidad de Madrid, miles de familias atraviesan serias dificultades para pagar la hipoteca de sus viviendas. Muchas de ellas se encuentran en fase de ejecución hipotecaria y corren el riesgo de ser desahuciadas en los próximos meses. Decenas de personas afectadas por esta situación han constituido la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, algunos de cuyos miembros comparecieron esta mañana ante los medios de comunicación para denunciar la pasividad de la Administración ante el “fraude hipotecario generalizado” y “las cláusulas contractuales abusivas” impuestas durante años por algunas entidades bancarias y presentar sus reivindicaciones.

Aída Quinatoa, portavoz de la PAH, explicó que “los bancos facilitaron y otorgaron hipotecas a pesar de que muchos de nosotros no éramos sujetos de crédito y teníamos unos ingresos bajos. Sobrevaloraron la tasación de la vivienda, inflando el precio y aumentando así la deuda contraída”. Suma a ello una larga serie de irregularidades, como “comisiones abusivas; contratación obligada de seguros caros e inútiles; intereses variables referenciados al euríbor más unos diferenciales desorbitados; información sesgada, cuando no engañosa, sobre posibles aumentos de la hipoteca, etc”. Todo ello, aseguró, con la finalidad de “optimizar beneficios y sortear los controles de riesgo que todo sistema crediticio razonable debería tener”.Los afectados reconocen su parte de responsabilidad en la situación que padecen “al haber firmado un contrato que a día de hoy no podemos mantener”. Sin embargo, el problema generado por el impago de la hipoteca se agrava por la “mala regulación del sistema bancario español” que hace que “no sólo corramos el riesgo de perder nuestras casas y quedarnos en la calle, sino también de mantener parte de la deuda, ya que ahora los bancos están tasando las mismas viviendas a precios inferiores” ante la pasividad de una Administración que “no está proponiendo ninguna solución”.

La denominada moratoria ICO, una medida por la cual el Estado asume el coste de la moratoria del pago del 50% de los préstamos hipotecarios que se va a conceder a desempleados y autónomos en dificultades compartiendo con los bancos el riesgo de morosidad no resuelve, en su opinión, el problema “sino que lo aplaza y lo complica al aumentar los intereses”. Además, añadió, los criterios de aplicación “dejan fuera a las familias en situación de mayor vulnerabilidad y, en muchos casos, los bancos se niegan a aplicarla, ya que no están obligados”.

La responsabilidad de la administración va más allá de la inacción. Fueron ellas las que, en palabras de la portavoz, promovieron el acceso a una vivienda en régimen de propiedad “marginando otras formas de acceso a la vivienda como el alquiler”; aprobaron una ley de arrendamientos urbanos que “defiende los intereses del propietario”; promovieron “la desregulación del mercado hipotecario que permite hipotecas a 50 años”; renunciaron a crear un parque público de vivienda en alquiler y a controlar el crédito, empujando a millares de familias a endeudarse por encima de sus posibilidades para acceder a una vivienda”.

Es a ellas, por tanto, a las que la plataforma dirige sus principales reivindicaciones, reivindicaciones que considera “justas y posibles”, en tanto que “se están aplicando en otros lugares”. A corto plazo, exige paralizar los desahucios tanto de las familias hipotecadas como de los avalistas “para asegurar que ninguna persona se quede en situación de desamparo habitacional” y “garantizar el acceso a la justicia gratuita a quienes se enfrentan a un proceso de ejecución hipotecaria”.

A medio plazo, reclama la regulación de la dación en pago con carácter retroactivo de manera que “si el banco ejecuta la hipoteca y se queda la vivienda, la deuda queda liquidada, como permiten otros países de la UE o en EEUU. “Es un abuso bancario -señala- que estén expulsando a la gente de sus casas y encima les exijan el pago de 20, 50 o incluso 100.000 mil euros”.

También solicita a las administraciones la conversión del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque público de alquiler social de manera que “la administración fuerce a las entidades financieras a asumir los precios reales de las viviendas” para comprarlas, a continuación, a precio de vivienda protegida de régimen general y el antiguo propietario pueda así permanecer en ella como inquilino de vivienda protegida, siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos a tal fin. Entiende que esta medida, muy parecida a la que se está aplicando ya en el País Vasco, no sólo ayuda a las familias hipotecadas, sino que repercutiría en beneficio de toda la sociedad al aumentar el parque de vivienda pública en alquiler.

Para avanzar en el desarrollo y aprobación de estas medidas, solicita a las administraciones la inmediata apertura de los cauces de diálogo necesarios. En caso de que las administraciones local, autonómica y central hagan caso omiso a las referidas peticiones, advirtió la portavoz, promoverán las movilizaciones y las acciones necesarias “para hacer respetar nuestros derechos”.

Las familias y personas afectadas por el ‘fraude generalizado’ que la PAH denuncia interesadas en recibir asesoramiento legal gratuito pueden acudir los lunes de 17 a 20.30h a la sede de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos (CONADEE), en la calle Hermanos García Noblejas, 41, bis, 2ª planta.