El 26 de abril y, a iniciativa de una plataforma ciudadana, se llevó a cabo en el municipio de Rascafría una consulta ciudadana sobre el modelo de gestión del agua en la que participó el 64% de la población censada. El 72% de los participantes votó por la remunicipalización de un servicio que meses antes el Ayuntamiento de la localidad había decidido privatizar.

El Ayuntamiento tomó nota de los resultados y el 19 de mayo, reunido en pleno, acordó rescindir los convenios suscritos con el Canal de Isabel II en junio de 2012 y remunicipalizar el servicio. En este mismo pleno se aprobó también constituir el Consejo Sectorial de la Mesa del Agua, un órgano formado por concejales y representantes de los vecinos de Rascafría creado para negociar con el Canal de Isabel II las mejores condiciones de liquidación para el municipio y diseñar el nuevo modelo de gestión municipal.

Apenas unos días después Canal Gestión remitió una cartas al Consistorio para que éste concrete la fecha a partir de la cual se producirá el cese de sus servicios a fin de que la transferencia de la gestión se produzca de forma ordenada y permita la liquidación económica de los convenios. Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento, Canal Gestión envió una segunda carta anunciado la suspensión unilateral del servicio el 28 de junio.

La Plataforma Ciudadana Rascafría-Oteruelo entinde que, ante esta amenaza, “no caben medias tintas” ya que, de cumplirla, se privaría a los habitantes de Rascafría de un servicio esencial para la comunidad. Recuerda que Canal Gestión “no puede imponer al Ayuntamiento la fecha del cese de sus actividades”, que “deberá ser establecida por la Mesa del Agua” y “deberá ser compatible con la implantación del nuevo modelo de gestión municipal del agua y trasladada por el Ayuntamiento al Canal en un proceso bilateral y ordenado respecto del servicio en cuestión”.

En ese proceso, pide a la alcaldesa de la localidad, la socialista Ana García Masedo, que no reconozca “una parte importante de las estimaciones [de la liquidación] realizadas por Canal Gestión (…), por considerarlas opacas, desproporcionadas e injustas” y “carecer de cualquier soporte documental que las justifique”. Le urge, por tanto, a negociar o a litigar con esta sociedad para consensuar una cuantía justa y a clarificar de quién es la propiedad de las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), quién debe mantenerlas y cuál es el coste real de su mantenimiento antes de realizar cualquier tipo de pago. “En igual sentido –agrega la Plataforma– se debe actuar respecto de los incumplimientos del Canal de sus obligaciones”, como la “aplicación de las tarifas sin el supuesto habilitante para las mismas”. Canal Gestión, denuncia, tampoco ha finalizado la instalación de contadores, no ha planificado las inversiones que iba a realizar ni ha asumido las labores de saneamiento, como se colige de las “continuas quejas” de los vecinos.

Por todo ello, la Plataforma propondrá a través de la Mesa del Agua la realización de una auditoría sobre la deuda para lo cual reclamará el “acceso directo a toda la documentación existente en el Ayuntamiento sobre el servicio de aguas”.

El establecimiento del nuevo modelo de gestión municipal del servicio de aguas, tanto en lo que concierne a su organización, como sus medios y a los plazos de su puesta en marcha, deberán “debatirse y aprobarse en la Mesa del Agua, durante el tiempo que sea necesario para su implantación”, insiste la Plataforma. Y ofrece el documento sobre “Gestión Municipal del Agua de Rascafría” elaborado por ésta en enero de 2014, que incide en el carácter transparente y participativo de la gestión y propone que el Ayuntamiento establezca un acuerdo con la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) para que asesore a la Mesa del Agua en la organización del nuevo servicio municipal.