Ante varios responsables del Ayuntamiento y de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), entidad que ha patrocinado el estudio, y ante un buen número de miembros de asociaciones vecinales y otros colectivos del barrio, Pérez Quintana realizó un repaso crítico de diez años de trabajos de reforma urbanística en una de las zonas con mayores índices de infraviviendas de la capital. En la actualidad subsisten en Lavapiés más de 8.000 infraviviendas, lo que supone casi el 40% del caserío, y si bien es cierto que gracias a los planes de rehabilitación públicos éstas se han reducido, por otro lado han surgido nuevas, al calor de necesidades de personas con escasos recursos. El tamaño de la vivienda (menos de 20-25 metros cuadrados), la altura (240 cm), el cuarto de aseo, la iluminación natural, el agua, la ventilación, la instalación eléctrica, el aislamiento térmico, las condiciones de estanqueidad y la seguridad estructural del edifico son los parámetros usados por los técnicos para delimitar la infravivienda.

El objetivo general del documento, que en sus 365 páginas aborda las dificultades de la última década, no ha sido otro que reorientar la intervención futura en Lavapiés, incorporando mejoras y aportaciones vecinales en las políticas de las tres administraciones, así como transferir esta experiencia a otros barrios con problemáticas similares. Aunque con sus más de 8.600 actuaciones rehabilitadoras, realizadas en dos fases, el barrio se ha convertido en uno de los puntos con mayor volumen de reformas de la capital, “aún queda mucho por hacer”, tal y como reconoció la propia delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, en la presentación del estudio. La edil recordó que desde 1998 las administraciones públicas han destinado 88,5 millones de euros a la rehabilitación del barrio, de los que 60,4 millones se invirtieron en mejorar la calidad de las viviendas e inmuebles y 28,1 millones a renovar sus infraestructuras.

Pero, a pesar de estos esfuerzos económicos, que son en parte resultado de 20 años de luchas vecinales por la rehabilitación de Lavapiés, muchos vecinos y vecinas rechazan o han rechazado la reestructuración por las cargas económicas, indemnizaciones insuficientes por pérdida de metros cuadrados o la falta de garantías de realojo en el entorno. Según asociaciones vecinales como La Corrala, la entidad más representativa del barrio, la participación del vecindario es clave en los programas de rehabilitación, tanto a la hora de elaborar diagnósticos consensuados como planes de acción concertados. Además, a modo de propuesta que aparece en el documento de Pérez Quintana, resulta esencial acompañar la intervención en las infraestructuras con actuaciones en los planos social y económico, sobretodo en un lugar como Lavapiés, donde conviven numerosos colectivos desfavorecidos y el comercio minorista, auténtica columna vertebral económica el barrio hasta hace unos años, se haya en constante retroceso. Entre las actuaciones económicas posibles, el urbanista destacó precisamente la “recolocación planeada del comercio mayorista, la revitalización del comercio minorista y el fomento del turismo”.

También propuso, en aras de ejecutar futuros planes más democráticos y eficaces, “el desarrollo de experiencias de autogestión y cogestión de equipamientos sociales del barrio, generar una coordinación entre las comunidades de propietarios en el marco de la asociación vecinal La Corrala, fortalecer las capacidades de las comunidades de propietarios, la superación de ciertas trabas normativas, el impulso de un código deontológico que regule el comportamiento y relaciones de los actores implicados y la revisión del concepto de infravivienda”.

En definitiva, Pérez Quintana, en consonancia con la FRAVM, defiende la promoción de una “estrategia consecuente de erradicación de la infravivienda, dotada con recursos económicos suficientes y con un adecuado plan de realojos en el entorno”.