Representantes de la FRAVM y miembros de las asociaciones vecinales Los Pinos de San Agustín (Puente de Vallecas) y Ciudad de los Ángeles (Villaverde) se dieron cita el pasado 13 de marzo con los portavoces de vivienda de los grupos parlamentarios del PSOE y de IU, Antonio Fernández Gordillo y Marisa Moreno, respectivamente, para defender los derechos de las familias adjudicatarias de subvenciones destinadas a rehabilitar sus viviendas y a la instalación de ascensores a las que el Gobierno regional adeuda todavía el dinero comprometido.
En una rueda de prensa posterior al encuentro, los portavoces vecinales y los representantes políticos recordaron que el Ejecutivo central pagó 92 millones de euros a la Administración autonómica “que la Comunidad de Madrid ni ha entregado (a las familias) ni ha justificado”.
Miles familias madrileñas esperan recibir las subvenciones por la rehabilitación integral de sus viviendas con calificación provisional o definitiva fruto de los planes regionales de rehabilitación 2001-2004, 2005-2008 y 2009-2012.
Estas ayudas ascendían al 60% del coste de las obras, con un 40% a cargo del Ministerio de Fomento y un 20% a cargo de la Comunidad.
Tras el encuentro, el Grupo Socialista e IU-LV anunciaron que presentarán una Proposición No de Ley (PNL) para que la Asamblea inste al Gobierno regional a abonar las subvenciones adeudadas por rehabilitación de viviendas e instalación de ascensores.
Asimismo, se instaría al Gobierno regional a firmar el convenio de cooperación con el Ministerio de Fomento para la aplicación en la región de las ayudas previstas en el Plan Estatal de Rehabilitación 2013-2016, para lo que la Comunidad de Madrid debería justificar los 92 millones de euros que ha recibido del Ministerio y que no ha hecho llegar a los vecinos. Es más, el Ejecutivo autonómico ha archivado los expedientes, lo que podría contravenir el artículo 9.3 de la Constitución, que garantiza la irretroactividad de las disposiciones legales no favorables o retroactivas de derechos individuales.
Al impago de las subvenciones comprometidas, contra el cual ya se han presentado algunas denuncias en los tribunales, se suma el intento, por parte del Gobierno regional, de recortar las ayudas para instalar ascensores de 50.000 a 15.000 euros.
