El pasado 4 de abril, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se reunió con el presidente de TeliaSonera Servicios Móviles, Tero Kivisaari, y con el consejero delegado de Yoigo, Eduardo Taulet, quienes presentaron los planes de inversión de la operadora para lanzar la cuarta generación de tecnología móvil (4G) en España a partir de este verano en la frecuencia de 1.800 MHz.
La Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) denuncia el “grave escándalo de salud pública” que supone el hecho de que el Ministerio de Industria fomente el sistemático despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones ignorando los graves perjuicios que las ondas electromagnéticas provocan en la salud de quienes se exponen a este tipo de contaminación, en especial de las personas más sensibles (niños, mujeres embarazadas…).
En una nota difundida por el ministerio de Industria, se justifica la necesidad de desplegar nuevas redes de telefonía móvil de 4G para “absorber el elevado volumen de tráfico de Internet móvil que se va a generar y mejorar la calidad y la velocidad en las conexiones de datos lo que impulsará la actividad económica del país’.
La PECCEM denuncia que el Gobierno español ignore sistemáticamente las resoluciones emitidas por el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y la Agencia Europea de Medio Ambiente y transmitidas a los 27 estados miembros de la Unión Europea que urgen a poner en marcha medidas para proteger a la población de este factor de riesgo.
Tal alarma se basa en las conclusiones del informe Bioiniciativa que recoge pruebas científicas aportadas por más de 3.800 investigaciones de los efectos sobre la salud de la exposición a radiaciones electromagnéticas. Se trata, según el Parlamento Europeo, del documento más importante elaborado hasta el momento sobre las consecuencias de la electropolución. Todas ellas concluyen que no se puede contar con ninguna seguridad respecto a la inocuidad de la exposición crónica a radiaciones inalámbricas como las de la telefonía móvil, teléfonos inalámbricos y el wi-fi. También advierten de la imperiosa necesidad de rebajar drásticamente los límites de radiación actuales, ya que no protegen a la población por ser obsoletos y estar mal fundamentados. Por otro lado, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, organismo de máxima referencia internacional dependiente de la Organización Mundial de la Salud, ha clasificado las radiofrecuencias como posibles carcinogénas.
La plataforma, integrada por más de medio centenar de organizaciones y colectivos, denuncia el enorme costo que la no aplicación del principio de precaución supone en términos de salud pública y pide al Ejecutivo español que siga el ejemplo de Israel, cuyos ministerios competentes, apoyándose en el mismo principio de precaución recogido en el Tratado de Maastrich y en nuestra Ley General de Salud Pública, se oponen a la introducción de estas nuevas infraestructuras.
“Es hora –advierte- de que, tal y como recomienda la Resolución 1815 del Consejo de Europa, los ministerios competentes hagan campañas informativas para alertar a la población de estos riesgos, respetándose el derecho de la población a ser informada de los mismos recogido en la Ley General de Salud Pública, y también de que se solucionen los conflictos de intereses, restableciendo la independencia de los científicos que valoran los riesgos con el objetivo de que primen los derechos fundamentales de la población frente a los intereses económicos de la industria de las telecomunicaciones”.
