La visita arrancó a las 11 h 30 de la calle Zacarías Oms, a escasos metros de la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza, la misma junta que lleva meses ninguneando a las vecinas y vecinos de la asociación Urbe, según denuncian éstos. Su presidente, el actor Carmelo Gómez, fue el encargado de hacer de maestro de ceremonias y, con un grupo de periodistas, representantes vecinales y políticos recorrió tres inmuebles significativos de Canillas que incumplen las normas urbanísticas de las decenas que tiene registrado la asociación vecinal. Los edificios han sido denunciados por hechos como el exceso de ocupación de parcelas y del volumen edificable, daños causados por obras en edificios colindantes, exceso de altura, tala de árboles, cambios de usos, incumplimiento de condiciones estéticas o por la inexistencia de licencias de primera ocupación, acciones que dañan a vecinos que habitan en viviendas anejas y alteran la convivencia en la zona. “Lo que queremos es que respeten la legalidad”, sólo eso, indicó Carmelo Gómez ante un lujoso edificio de tres pisos que incumple la normativa sobre alturas y ha invadido parte de las parcelas contiguas.

La asociación Urbe llevaba meses denunciando estas irregularidades cometidas por promotores inmobiliarios sin que nadie tomara cartas en el asunto. Al menos hasta hace tres días, fecha en la que la concejala de Urbanismo, Pilar Martínez, se comprometió a estudiar las quejas vecinales tras recibir, de manos de la citada entidad vecinal y de representantes de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), un informe del Defensor del Pueblo que destaca la connivencia, por inhibición, de los servicios técnicos de la Junta Municipal de Hortaleza con los infractores urbanísticos. Pero los vecinos no sólo se quejan de la pasividad de la delegación municipal. “No nos dejan hablar en los plenos de la Junta, y la nueva concejala, con la que tenemos peor relación que con la anterior, sólo quiere recibirnos en su despacho, nunca de manera pública, en el pleno. Así es como están haciendo la democracia”, se quejó Gómez.

El 23 de mayo de 2007, la AV Urbe remitió al Defensor del Pueblo un informe de más de 100 páginas que recogía multitud de denuncias de infracciones urbanísticas de diversa índole en el barrio de Canillas. El documento fue elaborado por requerimiento de la entonces concejala presidenta de distrito, Sandra Lorite. Posteriormente, el pasado 5 de marzo, el Defensor del Pueblo hacía pública una resolución en el que constata la desidia e inhibición de los servicios técnicos de la Junta y su connivencia con los infractores urbanísticos.

Tras agotar las vías de interlocución con la Junta de Hortaleza, donde los malos modos, la cerrazón y la más absoluta de las negativas a atender las demandas vecinales se han convertido en moneda corriente cuando de la asociación Urbe se trata, la FRAVM y la entidad ciudadana se dirigieron hace tres días a una instancia superior, al área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento, con el propósito de informar directamente a sus responsables, arrancando el el citado compromiso de los responsables municipales.