La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), en representación de varias asociaciones vecinales del distrito Centro, se ha personado esta mañana como parte afectada en el sumario de la denominada Operación Guateque. La FRAVM ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 32 varias denuncias que asociaciones vecinales han interpuesto desde 2004 ante el Ayuntamiento de Madrid por el funcionamiento de varios locales sin las preceptivas licencias y el incumplimiento de varias normas (la Ley de Espectáculos, el Decreto 78/1999 de protección de la contaminación acústica…).

Nacho Murgui, presidente de la FRAVM, ha señalado que “éstas y otras muchas denuncias dirigidas a las autoridades municipales nunca han recibido respuesta, lo que da muestra de la pasividad del Ayuntamiento ante los hechos denunciados. El silencio ante las insistentes denuncias vecinales indica que los responsables de la corporación municipal han hecho dejación de las responsabilidades en la función de control y gestión de la concesión de licencias”.

Con las denuncias registradas hoy los representantes vecinales han querido poner de manifiesto que “las vecinas y vecinos somos víctimas directas del reiterado incumplimiento de las normativas municipales por parte de muchos locales ante la pasividad del Ayuntamiento”. De esta manera, respondían a la concejala de Urbanismo, Pilar Martínez, que en el pleno celebrado el pasado 28 de noviembre preguntaba dónde habían estado las asociaciones de vecinos todos los años en los que la actuación irregular en la concesión y control de licencias “era un secreto a voces”. “Las asociaciones –ha subrayado Murgui- estábamos denunciando estos hechos en los plenos de las Juntas, en los consejos de seguridad, en la Mesa por la Reordenación del Ocio Nocturno… asegurándonos de hacerlos públicos, tal como consta en las actas correspondientes y en la documentación que hoy presentamos”.

Murgui ha informado que “la FRAVM ha iniciado un proceso de recopilación de denuncias presentadas por asociaciones vecinales de todos los distritos madrileños para colaborar en el esclarecimiento de los hechos denunciados y en la determinación del alcance de las responsabilidades penales que de la investigación se deriven y de las responsabilidades políticas que el Ayuntamiento habrá de señalar. Ya hemos detectado denuncias en los distritos de Villaverde, Fuencarral, Hortaleza, Centro, Chamberí, Moncloa y Arganzuela, que iremos aportando al sumario”.

Murgui ha recordado que “el movimiento vecinal se opone a la externalización del servicio de concesión de licencias y denunciamos que se ofrezca la privatización como única solución a un problema de control de gestión de lo público. Solicitamos un aumento de los recursos económicos, humanos y técnicos para garantizar un servicio diligente, ágil y transparente”.

Isabel Rodríguez, representante de la Asamblea Ciudadana del Barrio de Universidad (ACIBU), una de las entidades denunciantes, ha añadido que “tenemos documentos que certifican que los vecinos llevan denunciando irregularidades y la dejación de responsabilidades en la función de control y gestión de la concesión de licencias desde 1998. Todo ello ha provocado la descontrolada actividad de locales de ocio cuyas consecuencias sufrimos las vecinas y vecinos. Queremos dejar claro que no estamos en contra de los locales de ocio porque, además de vecinos, somos clientes. De hecho, las asociaciones vecinales colaboramos con los empresarios hosteleros en espacios como la Mesa por la Reordenación del Ocio Nocturno para, entre todos, llegar a conciliar los intereses de vecinos y hosteleros. Las actuaciones irregulares perjudican tanto a los vecinos como a muchos empresarios del sector”.

José Carlos Nicolau, representante de la A.V. del Barrio de Justicia, del distrito Centro, ha señalado que “casi el 98% del distrito Centro está contaminado acústicamente en diversos grados, por lo que fue declarado como Zona de Actuación Acústica en noviembre de 2002. Pese a ello, el problema del ruido ha ido a más, según un estudio realizado por el propio Consistorio en 2006. A la luz de estos datos, resulta alarmante que el Ayuntamiento de Madrid haya hecho caso omiso a las constantes denuncias efectuadas por los vecinos y por las asociaciones vecinales del distrito, haciendo gala de una alarmante pasividad ante los problemas denunciados, tal y como ponen de manifiesto el Juzgado de lo Contencioso, en una sentencia del 1 de julio de 2003 y el Juzgado de lo Penal número 24, en su sentencia 99/2006. Esto nos deja en una situación de clara indefensión”. Las denuncias presentadas hoy señalan que en el distrito Centro hay multitud de locales que ejercen su actividad sin exhibir en el exterior el preceptivo distintivo de actividad; no presentan seguro de responsabilidad civil, incumplen los horarios de cierre, sus emisiones acústicas llegan a doblar el máximo permitido, incumplen la normativa de seguridad establecida y algunos llegan a funcionar sin las preceptivas licencias.

“El propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid –ha añadido Nicolau- reconoce que en Madrid las extralimitaciones de los horarios de cierre de los establecimientos de esparcimiento público son cada vez más frecuentes y acentuados, siendo generadoras de graves molestias para el descanso y la tranquilidad de los vecinos”.