Ante el descontento provocado en el seno del movimiento vecinal por el notable incremento del IBI establecido por el consistorio madrileño, la FRAVM ha remitido una carta al concejal de Hacienda, Juan Bravo, para hacerle llegar sus propuestas en orden a aplicar un impuesto que se ajuste al gravamen de un bien de primera necesidad. La FRAVM considera que el IBI y cualquier otro impuesto de naturaleza similar es un impuesto peligroso por cuanto convierte a la hacienda pública, en este caso la municipal, en potencial beneficiaria de las dinámicas especulativas del mercado inmobiliario, de forma que manifiesta su más rotunda oposición al incremento tal y como está planteado.El aumento del precio de las viviendas y otros bienes inmuebles muy por encima del IPC y del incremento medio de las rentas de las familias depara la enorme contradicción de que, mientras ello es causa de la formación de un grave problema de vivienda para los jóvenes, las haciendas locales podrían estar interesadas en que se mantenga la nefasta dinámica del mercado aumentando así su recaudación. El IBI tendría, a nuestro juicio, un fundamento lógico en cuanto gravara la vivienda entendida como bien de inversión y especulación. Pero tiene efectos perversos en tanto grava la vivienda entendida como bien de uso residencial. En tal sentido, la FRAVM reclama un recargo del IBI a las viviendas vacías sin justa causa. Tal posibilidad, por lo demás, está contemplada a falta del correspondiente desarrollo reglamentario, en el apartado 4 del artículo 72 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales. En cambio, respecto de la imposición sobre las viviendas principales entendemos que la cuota liquidable debe mantenerse en unos importes moderados y según aumentos anuales próximos a la evolución del IPC. Por ello planteamos a las administraciones competentes: La regulación de una bonificación en el IBI que beneficie a las familias con rentas más bajas (especialmente a las familias perceptoras de pensiones de jubilación, invalidez, desempleo… y de salarios inferiores a dos veces el SMI). La regulación de mecanismos que limiten las consecuencias de las revisiones en cualquiera de los términos que operan en la fórmula de cálculo de la cuota liquidable (sean los valores catastrales, el tipo impositivo o el importe de las bonificaciones), de forma que no tengan lugar subidas abruptas de la misma o, dicho de otra forma, no tenga lugar el efecto catastrazo. El IPC debiera ser un indicador de referencia obligado con el fin de que los aumentos del IBI no supere de manera significativa dicho índice. La regulación de una bonificación en los supuestos de las viviendas de protección oficial durante los primeros diez años desde la primera ocupación, de viviendas alquiladas y de viviendas que incorporen medidas de ahorro energético y/o el uso de energías alternativas. La FRAVM demanda, asimismo, el mantenimiento de la bonificación a las familias numerosas y el incremento a un 4% de la bonificación a pronto pago.