Un año y medio después de la aprobación de la última reforma de la Ley de Extranjería, el reglamento regulador del funcionamiento de los Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) aún no se ha aprobado, prolongándose en el tiempo la discrecionalidad a la que se ven sometidas las personas internadas en los mismos y la falta de transparencia sobre las condiciones de su confinamiento. Una situación de grave excepcionalidad jurídica incompatible con el Estado de Derecho que, a juicio de más de 300 organizaciones sociales y miles de personas, incluidas reconocidos juristas, artistas, periodistas y académicos, debe ser reparada con urgencia. Todos ellos han suscrito un manifiesto (ver fichero relacionado) en el que reclaman ‘una interlocución oficial que permita al movimiento asociativo y al resto de entidades implicadas, una participación real en el debate en torno al futuro Reglamento’ y que fue presentado esta mañana en rueda de prensa.

El único derecho limitado por el ordenamiento jurídico a las personas encerradas en los CIE es el de la libertad ambulatoria, por lo que el Reglamento ha de garantizar el cumplimiento de todos los demás derechos: a la integridad física y psicológica, a la salud, a la asistencia jurídica y social, a la comunicación sin trabas y respetando el derecho a la intimidad, al conocimiento y ejercicio de sus derechos y, por último, a unas instalaciones en condiciones.En estos momentos, el Ministerio de Interior está elaborando un borrador de reglamento en la más absoluta opacidad, sin que nada del contenido haya trascendido ni se haya tenido en cuenta la opinión de la sociedad civil. En el marco del tercer aniversario de la aprobación de la Directiva de Retorno, más conocida como la Directiva de la Vergüenza, los impulsores de la campaña quieren denunciar esa falta de transparencia y anunciar las diversas acciones que pondrán en marcha para lograr que se apruebe un reglamento que garantice todos los derechos y garantías de los que son sujeto las personas internadas en los CIE.