Francisco Caño y Pepe Cabanillas, presidente y representante de la comisión de Sanidad de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), respectivamente, han dado a conocer en rueda de prensa algunas de las consecuencias de la propuesta de zonificación de la Comunidad de Madrid, sometida a información pública hasta el próximo 7 de noviembre.

Francisco Caño ha denunciado, en primer lugar, “que la Consejería de Sanidad y Consumo no ha dado a conocer los estudios que aconsejan proceder a una nueva zonificación y priva a la ciudadanía de la información imprescindible para evaluar la propuesta y para hacer las críticas y sugerencias oportunas, de manera que los ciudadanos y ciudadanas desconocen los criterios seguidos por la consejería. En todo caso, ha subrayado, “no son acordes con los recogidos en la Ley General de Sanidad, ya que la propuesta vulnera el límite de un máximo de 250.000 habitantes en doce de las quince nuevas áreas de salud e ignora factores tan importantes como la evolución previsible de la población dada la localización de los nuevos crecimientos residenciales. El Área 1, por ejemplo, supera en 224.000 habitantes el máximo establecido por la Ley General de Sanidad -que en el artículo 56.2 establece que cada una `extenderá su acción a una población no inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000´-, esto es, el equivalente a otra área sanitaria, a los que se vendrán a sumar los 250.000 habitantes derivados de los desarrollos residenciales de Arganzuela y Vicálvaro. Las consecuencias de este despropósito es que las vecinas y vecinos de Moratalaz, Retiro, Arganzuela y Ciudad Lineal no sólo tendrán que sufrir las consecuencias de un déficit de partida de dos centros de especialidades y cuatro centros de Atención Primaria, sino una presión asistencial que se incrementará más todavía con la llegada de 250.000 nuevos vecinos. ¿Pretenden hacernos creer, tal y como anunció Lamela, que la propuesta agilizará los tiempos de acceso a la sanidad madrileña?

¿No tendrán que esperar, en un futuro, los más de 700.000 vecinos de estos distritos para acceder al único centro de especialidades del área, ubicado en Moratalaz? ¿Qué sentido tiene que los vecinos de San Blas que ven el centro de especialidades Pedro González Bueno desde las ventanas de sus casas tengan que desplazarse hasta el de Moratalaz? Lo que demuestra esta propuesta es que se ha hecho con tiralíneas y que los responsables de la consejería no conocen el mapa sanitario de la Comunidad de Madrid”.

Pepe Cabanillas ha señalado que “si en la zonificación actual los distritos sanitarios del municipio de Madrid coinciden con los distritos municipales, el proyecto de decreto disgrega en diferentes áreas de salud varios de los distritos administrativos de la capital. Ocurre con Arganzuela, Chamartín, Chamberí, Camartín, Fuencarral, Carabanchel, Ciudad Lineal –¡se reparte en tres áreas!- y San Blas”. “La propuesta –añade-es, en conjunto, un auténtico despropósito que, ya de partida, vulnera la Ley General de Sanidad. Caño ha comentado las consecuencias de la propuesta para las vecinas y vecinos del Área 1. El Área 2 incrementa en 50.000 habitantes la población de referencia con respecto a la actual, superando en 245.000 habitantes el máximo establecido, equivalente a otra área sanitaria, a los que se vendrán a sumar los 36.000 habitantes derivados de los desarrollos residenciales previstos por la revisión del Plan General de Coslada. Parten con un déficit mínimo de un centro de especialidades y un centro de salud. El Área 3, que supera en 100.000 habitantes el máximo establecido por ley recibirá 189.000 nuevos vecinos de los desarrollos urbanísticos de Alcalá y Torrejón. Siguen con la misma tónica, como podéis ver en el cuadro adjunto, las áreas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 14 y 15. El distrito sanitario de Hortaleza, por ejemplo, ya ronda las dimensiones de un área de salud y las superará con creces cuando lleguen los 270.000 nuevos vecinos de Sanchinarro y Valdebebas. ¿Es esta la planificación que supuestamente justifica la nueva zonificación?”.

Un capítulo que merece especial atención es el de los hospitales. “Los hospitales de referencia de las áreas 4 y 7, el Ramón y Cajal y el Clínico San Carlos, respectivamente, están ubicados fuera del área. A las vecinas y vecinos del Área 14, por su parte, les corresponde una fundación privada, la Fundación Jiménez Díaz, mientras no se hace mención alguna a los hospitales militares (el hoy demolido Hospital del Aire y la Policlínica Naval) cuya transferencia a la red sanitaria única de la región demandamos las entidades ciudadanas ni a las 650 camas del Gómez Ulla, cedidas a la red sanitaria pública en virtud de Convenio General de Colaboración en materia sanitaria entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid firmado el 27 de octubre de 2004”.

Por todo ello y “tras un exhaustivo estudio de las consecuencias de la propuesta –ha añadido- hemos concluido que la única finalidad del proyecto es la de aumentar el poder del sector privado, colocando a los nuevos hospitales de gestión indirecta –explotados por empresas privadas— y a hospitales directamente privados como centros hospitalarios de referencia de diversas áreas sanitarias, contribuyendo a introducir el ánimo de lucro en la explotación de centros sanitarios, a sustituir el derecho administrativo por el derecho privado en su funcionamiento y a sustituir la búsqueda del beneficio social por la búsqueda del beneficio económico privado. La entrega de áreas sanitarias enteras a empresas privadas supone un salto cualitativo en el proceso de mercantilización de la salud que las asociaciones de vecinos venimos tiempo denunciando. Es el caso de los nuevos hospitales privados, al ser cabeceras o referencias de área, no tendrán que competir con los grandes hospitales públicos –garantizándoles así el negocio— y asumirán la gestión hospitalaria, las políticas de personal y las condiciones laborales, las políticas sanitarias y económicas de áreas enteras. En definitiva, el gobierno de la Comunidad de Madrid persigue garantizar al sector privado que opera en la sanidad pública la máxima rentabilidad económica y la máxima influencia política. Puesto que la finalidad es, precisamente, aumentar el poder del sector privado, la nueva zonificación no se ha programado teniendo en cuenta las características de la población ni una correcta distribución de las infraestructuras sanitarias… de modo que aumenta los desequilibrios y desigualdades entre las diferentes áreas sanitarias de la región, lo que incrementa los riesgos para la salud del conjunto de la población”.

La propuesta de la Comunidad preocupa. Y mucho. “De hecho –ha anunciado- se están celebrando asambleas informativas en Carabanchel, San Blas, Ciudad Lineal, Leganés, Arganzuela… Las entidades vecinales de todos los distritos de la capital están inmersas en una campaña de recogida de alegaciones y hay previstas dos movilizaciones, una que tendrá lugar el 19 de octubre a las 19.30h en el centro de salud de García Noblezas, en San Blas y otra el 26 de octubre en los terrenos del antiguo hospital militar del Aire. Tampoco descartamos convocar una movilización unitaria desde la FRAVM a mediados de noviembre para llamar la atención de la ciudadanía sobre las graves consecuencias de la propuesta de la Comunidad”.

Hasta entonces “tal y como recogen nuestras alegaciones, solicitamos la retirada de la propuesta de nueva zonificación y, en su lugar, abordar la programación de las actuaciones necesarias para lograr un sistema sanitario madrileño eficaz, rápido, de calidad, sin déficit dotacionales, sin listas de espera quirúrgicas ni diagnósticas. El cumplimiento del artículo 56.5 de la Ley General de Sanidad y la programación, por consiguiente, de los hospitales generales de área suficientes, de titularidad y gestión públicas. La consideración de los desarrollos urbanísticos residenciales previstos; la adscripción, mínima, de un centro de especialidades a cada uno de los distritos sanitarios; de un centro de salud a cada zona básica de salud y que la zona básica de salud nunca supere los 25.000 habitantes y, por último, la adecuada dotación de los consultorios urbanos y consultorios locales que pasen a catalogarse como centros de salud”.