La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, las asociaciones de vecinos de los PAUs de Vallecas, Montecarmelo y Carabanchel y de los nuevos barrios de la denominada estrategia del sureste (Ahijones, Berrocales, Cañaveral, Los Cerros), la Plataforma por una Vivienda Digna en Madrid y las cooperativas de vivienda joven del movimiento vecinal presentaron, en la mañana del miércoles 24 de noviembre, el manifiesto Por el derecho a techo. Stop a la especulación, un documento que recoge más de veinticinco propuestas dirigidas tanto a las administraciones local y regional como a la estatal a fin de que sean implementadas en una política pública de vivienda que frene la especulación, los abusos y el fraude, así como la actual escalada de precios que excluye a amplios sectores de la población del derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada constitucionalmente reconocido (art. 47 de la C.E.). Estas entidades, que actúan en interés de casi seiscientos mil de vecinos de la región, se han adscrito a la comisión de Vivienda de la FRAVM, organización que a lo largo de sus veintinueve años de trayectoria se ha destacado por una activa y prolífica labor en defensa de la vivienda pública y social, la dignificación de los barrios y el reequilibrio territorial.Una batería con más de 25 propuestas concretas Las medidas, consensuadas entre todas las entidades que suscriben el documento, parten del análisis de que las medidas liberalizadoras en materia de suelo coinciden con la liquidación de los concursos de suelo para vivienda protegida destinados a promotores sin ánimo de lucro, con la subasta y enajenación del patrimonio municipal de suelo para vivienda libre, con la quiebra de la construcción de vivienda pública y protegida en la región de Madrid y, consecuentemente, con una imparable escalada de los precios de la vivienda nueva y usada. Partiendo de la base de que la lógica interna del mercado es incompatible con el principio social del derecho a una vivienda digna, la FRAVM considera que es responsabilidad directa de la administración resolver esta contradicción.
He aquí algunas de las propuestas elaboradas más destacadas: Elaboración de un plan plurianual de viviendas protegidas dirigido a facilitar el acceso a la vivienda a la población con ingresos inferiores a 5,5 veces el salario mínimo interprofesional, primando de forma especial a quienes no alcancen 3,5 veces del mismo. Creación de un banco público de suelo destinado a la promoción de viviendas protegidas de los terrenos sin uso o aquellos que soportan usos obsoletos dependientes de los ministerios y organismos de la administración central. En la Comunidad de Madrid esta medida se concreta en el desarrollo no especulativo de las operaciones de Campamento, Chamartín o la cárcel de Carabanchel, entre otros. Fomento de la participación de la iniciativa sin ánimo de lucro, especialmente del cooperativismo de vivienda y de la promoción de viviendas protegidas para alquiler. Promoción de un parque de viviendas protegidas en alquiler priorizando el acceso a unidades familiares con bajos ingresos o sometidas a situaciones de especial necesidad como el hacinamiento, la ocupación de infraviviendas o los desahucios. Apoyo al cooperativismo de gestión de las viviendas públicas en alquiler, así como a otras experiencias alternativas de alojamiento (estudiantes, tercera edad, nuevas formas de convivencia…). Fomento de incentivos fiscales, subvenciones, garantías y otras medidas de apoyo al arrendatario. Creación de una agencia regional de alquiler. Intervención obligada de las administraciones públicas a fin de prevenir y perseguir los abusos, fraudes y prácticas como la venta o el cobro de cantidades antes de la posesión efectiva del suelo o los sobreprecios encubiertos. Creación de una oficina de atención al público y un registro de libre acceso de todas las promociones de vivienda protegida existentes en la región donde se aporte información acerca de las características de las viviendas, el cronograma de la actuación y las incidencias más significativas. Intervención inmediata de las administraciones local y regional a fin de corregir las situaciones creadas en los PAUs y nuevos barrios. Respeto al derecho de acceso a la vivienda protegida de aquellos demandantes que dejen de cumplir los requisitos de acceso debido al retraso en la edificación y entrega de llaves por causas ajenas a ellos. Creación de un registro público de gestoras de viviendas protegida. Las administraciones deberán ejercer el derecho de tanteo y retracto en las segundas transmisiones de las viviendas protegidas. Establecimiento de planes municipales de rehabilitación de viviendas primando la conservación y recuperación de los cascos históricos, bolsas de deterioro urbano y polígonos y colonias promovidos por las administraciones públicas. Establecimiento de ayudas para familias con menores ingresos para hacer frente a las obras derivadas de los informes desfavorables de la ITE. Programación y ejecución de los equipamientos básicos de los nuevos barrios y ejecución urgente del Plan Especial de Infraestructuras del Sureste de Madrid (PEISEM).Denuncia del acaparamiento especulativo del suelo urbano
En contra de muchos análisis, la Federación considera que no es en absoluto la falta de suelo calificado para uso residencial en Madrid capital y en la región lo que encarece la vivienda, sino el acaparamiento especulativo del suelo urbano y urbanizable por los grandes propietarios y promotores inmobiliarios, unido a la inhibición de las administraciones públicas de intervenir en el mercado del suelo, junto con la apuesta, tanto de la administración como de los promotores, por la inversión en vivienda libre de nueva planta.
La ineludible lucha de la administración pública contra la especulación inmobiliaria requiere, entre otras medidas, la inmediata intervención en los mercados del suelo y vivienda al objeto de romper prácticas especulativas, la declaración de áreas donde la venta de suelo esté sujeta a tanteo y retracto, la expropiación en casos de incumplimiento de la obligación de conservar, el cambio de sistema de compensación a expropiación o ejecución forzosa en los supuestos de retraso en los plazos de urbanización y edificación, la calificación de suelo para vivienda protegida y el establecimiento de precios máximos de modo que el valor de repercusión no supere el 15% del módulo de la vivienda. Por último y, respondiendo al trabajo que durante más de veinte años han llevado a cabo tanto la Federación como las asociaciones de vecinos de la región, otras de las reivindicaciones dirigidas a los responsables de vivienda de las administraciones públicas pasan por exigir:
Elaboración de un plan de erradicación del chabolismo y adopción de medidas que impidan la compra y venta de infraviviendas. Revisión anual del módulo de referencia utilizado para fijar los precios máximos de las viviendas protegidas, que no debe subir por encima del IPC. Recargo en el IBI de las viviendas vacías sin causa justificada en una cantidad proporcional al tiempo de desocupación. Modificación de la Ley de Ordenación de la Edificación estableciendo un seguro decenal más amplio y la expresa persecución de la sobretasación de viviendas.
La FRAVM entregará el manifiesto a la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento y hará lo propio con los responsables de vivienda tanto de la Comunidad como del Ministerio a partir de la semana próxima con el objeto de concertar reuniones y negociar soluciones a los problemas planteados por los representantes vecinales.
