Desde hace unos años, asistimos en Madrid a la multiplicación de huertos urbanos comunitarios, un fenómeno que responde a la creciente conciencia ecológica de la ciudadanía. En la ciudad de Madrid, colectivos y asociaciones vecinales han “sembrado” multitud de huertos en espacios públicos abandonados y degradados con el objetivo de construir zonas verdes de regeneración urbana y encuentro comunitario. En poco tiempo y, gracias a la dedicación de vecinas y vecinos de toda edad y condición, han recuperado en pleno corazón de la ciudad la actividad agraria, favoreciendo el encuentro intergeneracional e intercultural y danco cauce a la creciente demanda de productos hortícolas ecológicos y frescos reduciendo el gasto energético y ambiental asociado al transporte de dichos productos desde tierras lejanas y a la posibilidad de conocer su origen y a su productor.

Pero estos huertos no solo crecen en el corazón de la ciudad. También perviven en las zonas periurbanas, actuando como conectores entre ciudades y convirtiéndose en pequeños “oasis” en una región, Madrid, que ha crecido de forma desmesurada y desordenada –la Comunidad de Madrid carece de un plan en virtud de un modelo de desarrollo urbanístico depredador de espacios naturales, un modelo que ilustra el hecho de que la región carece de un plan estratégico territorial y tiene el mayor número de kilómetros de carretera por habitante–.

Las administraciones públicas, sin embargo, no han hecho nada para preservar y promocionar estas experiencias. A ellas está dirigida la Carta de agricultura periurbana, un documento redactado por multitud de organizaciones sociales y ecologistas que, a nivel internacional, piden a los responsables de las administraciones de todas las administraciones (local, regional, estatal e internacional), que preserven y desarrollen los espacios agrarios y que incorporen criterios de cooperación intermunicipal para su gestión, en aplicación del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre ‘La agricultura periurbana’ (NAT/2004), aprobado en sesión plenaria del 16 de septiembre de 2004. El referido dictamen establece la necesidad de que se adopte un compromiso institucional entre la administración local y supralocal y los agentes sociales (grupos ecologistas y culturales, asociaciones profesionales, tercer sector…) para que estos espacios tengan un reconocimiento explícito, en los ámbitos social, político y administrativo, a partir de normas, acciones y medidas propias destinadas a esta agricultura.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de NMadrid (FRAVM) ha sucrito esta carta con el objetivo de que los huertos urbanos cuya construcción han promovido colectivos y asociaciones vecinales reciban el reconocimiento, la protección y la promoción institucional precisos.