Algo que pasa por huir de soluciones parciales y cortoplacistas, y de ocurrencias que pueden generar no solo falsas expectativas en la población concernida sino peligrosos y difícilmente gestionables efectos llamada.
Aunque cada núcleo chabolista o de infraviviendas tiene sus propias características y requiere por tanto de soluciones particulares, la federación vecinal, coherente con una línea mantenida desde hace más de veinte años, defiende un modelo de realojo que impida o minimice el desarrollo de guetos y se inserte en la lógica de reducir el desequilibrio territorial no solo de la capital sino de la región. En este marco, y esto es algo que hemos aprendido de los resultados de los diferentes planes contra el chabolismo desarrollados en la región, la organización ciudadana considera que lo más lógico sería continuar con los realojos en altura, que impidan la generación de nuevos poblados marginales. Su distribución geográfica, además, ha de ser lo más racional y equitativa posible, evitando concentraciones en determinados edificios, barrios, distritos o pueblos, zonas que históricamente se identifican con el castigado sureste madrileño.
Más allá de la disposición de nuevas viviendas, es obvio que cualquier plan contra el chabolismo, si desea ser exitoso, debe contar con recursos suficientes para realizar un seguimiento social, educativo, convivencial y laboral de los procesos de realojo. Dejar a su suerte a familias y personas que proceden de situaciones de vida extremas solo sirve para cambiar de ubicación la problemática. Los ejemplos en la región se cuentan a decenas.
En el caso concreto de El Gallinero, la FRAVM considera que la Administración municipal debe abordarlo en el marco del plan previsto para la Cañada Real, un plan que inevitablemente debe proyectar el realojo de buena parte de sus vecinos y vecinas en otros barrios y municipios de la región. Para ello, resulta imprescindible reformar y mejorar la Ley 2/2011, que presenta numerosas deficiencias técnicas, así como la acción coordinada de los ayuntamientos de Rivas, Coslada y Madrid y la Comunidad de Madrid.
Por último, hay que recordar que tanto en la ciudad de Madrid como en otras localidades de la Comunidad Autónoma existen miles de casas vacías que podían servir para acoger a familias de los asentamientos chabolistas, sin que ello signifique que no haya que construir nuevas viviendas sociales para este fin. Solo hace falta voluntad política y colocar, como una de las prioridades no solo en la teoría sino también en la práctica, el derecho de los ciudadanos a disponer de una vivienda digna.
