Por eso, y porque se ha elaborado al margen de las entidades sociales, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid pide que el proyecto regrese a la casilla de salida y, desde allí, “construir una norma participada, que reúna el máximo consenso político y social y que sea una ley que sirva para abordar la transformación estructural de los modelos y formas de hacer ciudad que se han seguido en las décadas precedentes”.
El proceso se inició dejando fuera a las organizaciones vecinales y ecologistas. No se las admitió ni en la mesa técnica ni en la mesa política que a la sazón se crearon. Únicamente se nos convocó a una descafeinada reunión de la mesa técnica que, sin la presencia de muchos de sus miembros, apenas duró una hora. Esa ha sido toda la participación de la ciudadanía en un proceso en el que el Ejecutivo regional también ha hecho caso omiso de la petición de la mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid de constitución de una ponencia para analizar la normativa urbanística autonómica y los cambios a introducir en la nueva ley. Pero, más grave aún que los dos hechos anteriores es que el Gobierno autonómico se ha saltado, sin motivo justificado, el período de información pública al que debía someterse el anteproyecto antes de entrar en la Asamblea.
Con estos mimbres, y dado que el proyecto urbanístico nacía marcado por la “maniobra de la supresión del límite de las tres alturas” que ha servido para desbloquear grandes operaciones como Chamartín o la Mahou-Calderón, a nadie sorprende su carácter “tan poco social”. Aún así, la FRAVM, que a través de su responsable de Urbanismo y Vivienda, Vicente Pérez Quintana, ha analizado profundamente el texto, ha presentado 23 páginas de alegaciones y propuestas con objeto de enmendar los aspectos más discutibles del proyecto.
La propuesta de nueva ley rebaja el porcentaje de suelo que los constructores están obligados a ceder tanto a las corporaciones locales como a dotaciones sociales, lo que la FRAVM califica como “regalo a los promotores y, simultáneamente, una privación a los ayuntamientos”. El proyecto deja abierta la extensión de suelo de cesión para sistemas generales y fija en 30 m² por cada 100 construidos la extensión del suelo de cesión para redes locales. Aun más, prevé la posibilidad de reducir el estándar exigido hasta los ¡3 m² ó 0 m² por cada 100 construidos! si el suelo es industrial y se encuentra en una localidad de 5.000 habitantes. La federación vecinal pide volver a la Ley 9/2001, es decir, exigir un mínimo de 100 m² de cesión por cada 100 construidos en suelo urbanizable.
Otras partes del texto presentado por el Ejecutivo regional que benefician claramente a los sujetos privados frente al bien común son las relativas a las actuaciones urbanísticas ilegales (el proyecto es más “débil, permisivo y alicorto” que la Ley 9/1985) y a la protección del suelo no urbanizable. El proyecto, “acertadamente”, recupera la categoría del suelo no urbanizable común e incorpora las categorías de no urbanizable preservado de la urbanización y de no urbanizable inadecuado para su transformación. Sin embargo, incluye una muy larga relación de actuaciones y actividades, por así llamarlas, impropias. “Es verdad que se prevé que los promotores han de obtener licencia o autorización especial y que determinados usos no se admitirán si existe riesgo de formación de un núcleo de población. Pero las pretendidas garantías no hacen más que suavizar lo que es una larga tradición de generar mecanismos legales que permiten burlar y desvirtuar, por la puerta trasera, la condición de no urbanizables de los terrenos” sostiene la FRAVM en sus alegaciones. Esto abre la puerta a la regularización de infraestructuras de todo tipo hoy levantadas sobre terrenos no urbanizables, como salones de bodas, casas rurales o aparcamientos de camiones. A tenor de la federación ciudadana, se debe proteger mucho más este tipo de terrenos.
Más vivienda social
Respecto a la vivienda social, el proyecto de Cifuentes se acoge a los mínimos del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo: 10% en suelo urbano y 30% en suelo urbanizable y la posibilidad de reducir o incluso eximir esos mínimos en promociones de menos de 200 viviendas, municipios de menos de 5.000 habitantes o incluso, en determinadas circunstancias, de menos de 10.000. La FRAVM propone elevar las reservas hasta un 30% y un 50%, respectivamente, y que la mitad, al menos, en ambos casos, sean viviendas protegidas en régimen de alquiler. En este punto, y en la propia definición de vivienda protegida o social, la organización recoge el espíritu de la “Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una ley urgente que garantice el derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid” que en estos momentos promueve junto a la Coordinadora de Vivienda y la Asociación Libre de Abogados.
De igual manera, coherente con esta ILP, la federación incluye en sus alegaciones medidas contra el abandono de parcelas e inmuebles, como “aumentar el IBI de las viviendas vacías cuyos propietarios reúnan por sí o por persona interpuesta más de X número de viviendas” o “gravar o aumentar el gravamen o establecer tasas de/sobre los solares en SUC y en ámbitos de SUNC y SU cuando se incumplan los plazos de ejecución y no se aplique la expropiación. Cabe liberar de esta medida a aquellos terrenos en que se desarrollen usos provisionales del tipo de los huertos urbanos, espacios estanciales, pistas deportivas…”, aclara la FRAVM.
El escrito de las asociaciones vecinales aborda otros muchos aspectos y sugiere otras muchas propuestas, como la eliminación de las entidades urbanísticas de colaboración (con objeto de frenar la privatización de las funciones de disciplina urbanística), la regulación de la instalación de las antenas de telefonía móvil, medidas para impedir la formación de procesos de gentrificación y expulsión de los llamados “usos pobres” o planes integrales dirigidos a prolongar la vida los edificios y mejorar la vida de nuestros barrios.
Finalmente, respecto a los procesos de información pública y a la participación ciudadana, por desgracia, el proyecto del Gobierno regional no aporta nada nuevo. Por ello, la FRAVM sugiere regular los derechos de iniciativa, audiencia y consulta ciudadanas en cuestiones urbanísticas, tanto en el ámbito regional como en el municipal, así como los periodos de información pública de los planeamientos generales y de los planes parciales y especiales, de tal forma que la ciudadanía pueda acceder, de manera sencilla, “cómoda y amigable” a la documentación pertinente. “La meta final debiera ser que toda la información urbanística esté disponible y actualizada a la distancia, por así decirlo, de un clic de ordenador”, puede leerse en el escrito elaborado por Vicente Pérez Quintana que hoy tienen en sus manos los cuatro grupos políticos de la cámara regional.
Por último, además de demandar la participación de las organizaciones vecinales y ecologistas en la Comisión de Urbanismo prevista en el artículo 253, la FRAVM propone que los cargos públicos con responsabilidades de gobierno en materia de urbanismo y ordenación del territorio no puedan trabajar (por cuenta propia o ajena) durante los cinco años siguientes a la finalización de su cargo “para propietarios de suelo y titulares de derechos sobre terrenos cuando tomen o hayan tomado parte en el trámite de planes en los que aquellos estén involucrados”.
