Asociaciones de Latina y Carabanchel piden la construcción de equipamientos sociales en los terrenos de la cárcel de Carabanchel

En caso de que el acuerdo de cesión del hospital militar Gómez Ulla para convertirlo en hospital de referencia de los distritos de Latina y Carabanchel se materialice y garantice la cobertura de toda su población, el terreno del penal debe destinarse en su totalidad a la construcción de equipamientos sociales. En caso contrario, las asociaciones que, durante años han reivindicado un hospital en los terrenos del penal de Carabanchel seguirán manteniendo encendida la lucha.

Asociaciones de Latina y Carabanchel piden la construcción de equipamientos sociales en los terrenos de la cárcel de Carabanchel
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El acuerdo para la utilización del hospital Gómez Ulla “como hospital de referencia para los vecinos de ambos distritos [Latina y Carabanchel]”, aseguró el pasado 11 de junio la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ‘está más cerca”. Hecho público el anuncio, asociaciones de vecinos de Latina, la AV Carabanchel Alto y Parque Eugenia de Montijo, del distrito de Carabanchel, pusieron de manifiesto su “extrañeza” por el anuncio realizado por el Gobierno regional.

“Nos alegramos -subrayan- de que la lucha mantenida haya contribuido a desbloquear un asunto que ha estado afectado por varios convenios de muy poca utilidad”. Sin embargo y, toda vez que estas entidades han luchado con denodado esfuerzo durante años por la construcción de un hospital en los terrenos del antiguo penal de Carabanchel, advierten que, en caso de que el hospital militar no tenga capacidad de dar servicio a la población de los distritos de Latina y Carabanchel, seguirán “manteniendo y reivindicando la necesidad de construir un nuevo hospital de gestión pública en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel”. Si finalmente se confirma el uso total del hospital militar, con sus 1.200 camas, para la sanidad pública y civil y se asegura la atención sanitaria de todos los vecinos de Latina y Carabanchel -añaden- exigen que “los 40.000 m2 de los terrenos de la antigua cárcel se destinen a otros equipamientos sociales que también hemos venido reclamando”.

Por último y, en caso de que tenga que negociarse un nuevo convenio urbanístico para el desarrollo de los terrenos, reclaman que éste se destine en su totalidad a equipamientos sociales y que “no se especule con ellos con la construcción de pisos”.

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