El objetivo de la movilización es denunciar las consecuencias de la privatización de los servicios públicos promovida por el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid y recordar a los responsables políticos del Ejecutivo madrileño que la privatización de los servicios impide la posibilidad de garantizar el ejercicio de derechos y libertades básicos, como la salud y la educación y hace peligrar la cohesión social.