Ante la aprobación, ayer, de la Ley 1/2007 de medidas urgentes de modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) llama la atención sobre el hecho de que el Gobierno regional adopta una serie de medidas por la vía de urgencia sin diálogo, sin debate, sin participación ciudadana, sin la búsqueda del menor consenso, sin transparencia, sin difusión ni divulgación, aun cuando invaden competencias municipales sin contar ni con los ayuntamientos ni con la ciudadanía.
No obstante algunas de las medidas urgentes en materia de urbanismo pudieran entenderse como favorables y paliativas de ciertas demandas de las asociaciones vecinales, lo cierto es que el procedimiento para adoptarlas es severamente condenable y falla desde la raíz en lo que resulta más esencial en urbanismo y ordenación del territorio: la participación ciudadana.
La limitación del máximo de alturas sin referirse, simultáneamente a la intensidad del uso, al número de viviendas por hectárea —o de oficinas—, al coeficiente de edificabilidad, al porcentaje de ocupación del suelo, a la ordenación urbanística del ámbito… parece una frivolidad, máxime cuando ni se tocan edificabilidades e intensidades de uso ya obtenidas —y ya aprobadas por el planeamiento general, parcial o especial— en operaciones de las que es partícipe el Gobierno regional como, pongamos por caso, la operación Chamartín donde los rascacielos serán la tónica. La medida, además, no sólo no contribuye a un urbanismo más humano, sino que es una medida contraria al objetivo de hacer un urbanismo sostenible.
La agricultura con campos de golf o los campos de golf en suelos agrícolas del artículo 14 se complementa con la merma de atribuciones y autoridad a los agentes forestales del artículo 9.
Por último, la FRAVM se solidariza y apoya la justa lucha de los agentes forestales y de sus sindicatos contra la medida.
