Las asociaciones vecinales están muy preocupadas por el incremento y extensión de estas acciones policiales, que siempre van acompañadas de un fuerte y visible despliegue de medios, lo que muchas veces deriva en situaciones de enorme tensión social. Además, subrayan, para condenarlo, su carácter claramente discriminatorio.

Las administraciones responsables aseguran que las redadas se ejecutan para combatir la delincuencia y mejorar la seguridad de nuestros barrios, pero la FRAVM, una de cuyas reivindicaciones históricas ha sido y sigue siendo la seguridad de los vecinos y vecinas, duda de que estas intervenciones sirvan para lograr ese objetivo. La mayoría de las veces, el único delito que han cometido las vecinas y vecinos que son detenidos en estas operaciones es no contar con los “papeles” adecuados, por lo que la Federación condena que sean considerados como un problema de orden público.

Nadie duda de que el deterioro de la situación económica puede generar tensiones en nuestros barrios y pueblos, por ello la Federación vecinal considera necesario poner en marcha medidas sociales que constribuyan a reducir las desigualdades sociales, incrementar la integración de los vecinos y vecinas y mejorar el nivel de vida de éstos, y por tanto su seguridad, en especial la de aquellos que menos tienen.