Los afectados europeos de electrohipersensibilidad (EHS) exigen, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Discapacidad, su reconocimiento oficial como enfermedad ambiental y discapacidad funcional, con el fin de garantizar una protección adecuada e igualdad de oportunidades a las personas que la sufren, tal y como pide el Parlamento Europeo a los Estados miembro.

La Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electro Magnética (PECCEM)quiere denunciar ante la opinión pública la inacción institucional del Estado español frente a las peticiones proteccionistas del colectivo de personas EHS realizadas desde Europa, llevándole a una situación de falta de visibilidad, exclusión, marginación, vacío legal y desprotección.

La EHS está producida por la contaminación electromagnética generada por las tecnologías móviles e inalámbricas: antenas de telefonía y radiotelecomunicaciones, teléfonos móviles e inalámbricos, tablets, Wi-Fi, los nuevos contadores inteligentes instalados por las compañías eléctricas, los hornos microondas o los vigila-bebés. Las personas afectadas se ven obligadas a evitar estas fuentes de radiaciones, pudiendo sufrir el abandono de su vivienda, la pérdida de su trabajo y la falta de accesibilidad a los servicios públicos básicos (sanidad, educación, transportes, …. ), lo que se traduce en una situación de profunda desigualdad.

En la actualidad, la electrohipersensibilidad afecta ya a un 3-5% de la población en Europa y se calcula que, si no se toman medidas protectoras, en el año 2020 afectará al 50% de la población.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, institución de máximo peso en la defensa de los derechos humanos, recomendó a los Estados miembro en su Resolución 1815 prestar especial atención a las personas EHS, afectadas por un síndrome de intolerancia a los campos electromagnéticos y establecer medidas especiales para protegerlas, incluida la creación de “zonas blancas” no cubiertas por las redes inalámbricas.

También el Parlamento Europeo en su Resolución de 2 de abril de 2009, sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos, a la cual se han adherido los Parlamentos Navarro y Vasco y ayuntamientos como el de SanSebastián, pidió a los Estados miembro que sigan el ejemplo de Suecia y reconozcan como una discapacidad la hipersensibilidad eléctrica, con el fin de garantizar una protección adecuada e igualdad de oportunidades a las personas que la sufren.

Colectivos de EHS en España y Francia han consensuado una carta de reivindicaciones a la que se han sumado otros 15 colectivos de EHS de toda Europa, así como la PECCEM, y que han remitido al Grupo de Trabajo sobre EHS del Comité Social y Económico de la UE, en la que exigen que el síndrome de EHS sea reconocido oficialmente en Europa y los estados miembros como “enfermedad ambiental” y “discapacidad funcional.