Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) muestran su preocupación por la negativa del Gobierno Regional a abrir un proceso participativo sobre la nueva Ley del Suelo. Se trata, posiblemente de la ley más importante que se apruebe esta legislatura por la trascendencia social y ambiental. A pesar de ello, el Gobierno de Cifuentes, ni siquiera ha atendido a la obligación legal de someter los textos normativos a consulta pública antes de iniciar su tramitación parlamentaria.
Ecologistas en Acción y la FRAVM recuerdan que se les impidió formar parte de la mesa técnica que se creó a finales de 2015 para debatir sobre la Ley del Suelo. Su único contacto con el proceso fue una reunión que se les concedió por separado, el año pasado, con el director general de Urbanismo. Fue una reunión de mero trámite. Ni siquiera se ha tenido acceso al texto que se ha aprobado.
Mª Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción no entiende la tozudez del Gobierno regional. “Ya es hora de que la Ley del Suelo se sacuda la carga negativa que la asocia a procesos especulativos y se aleje de la larga sombra de la corrupción. Pero esto no es posible si el Partido Popular sigue teniendo tanto miedo a que la ciudadanía opine”, sostiene.
Vicente Pérez, responsable de Urbanismo de la FRAVM, insiste en que el cuadro de problemas de la ciudad relativos a la vivienda, la movilidad, los equipamientos, la actividad económica, la interacción con el medio natural, etc, “no se resuelven ensanchando el mapa de las ciudades, sino buscando cambios cualitativos en el cuerpo de las mismas”.
Según Nieto y Pérez, los tiempos cambian y la ciudadanía quiere y debe opinar sobre sus pueblos y ciudades, sobre su medio ambiente y su salud, sus centros educativos, zonas verdes, el acceso a la vivienda. Si la Comunidad de Madrid no nos deja, lo haremos igualmente. Por ello, Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid anuncian que a partir de ahora, con o sin el Partido Popular, se abrirá un proceso participativo paralelo al debate parlamentario.
En el mes de mayo están previstas la organización de unas jornadas de debate con representantes políticos, ayuntamientos, expertos y colectivos sociales. Las conclusiones se trasladarán a los grupos parlamentarios para que se defiendan en forma de enmiendas. Y si este Gobierno y este Parlamento no quieren escuchar, esperan que lo hagan los próximos.
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