Ni un minuto más. Las más de 4.000 personas de la Cañada Real que, a día de hoy, siguen sin suministro eléctrico, no pueden permanecer más tiempo en esta situación inhumana. Llevan así 1.294 largos días, más de 3 años, aunque esto no parece ser prioritario para nuestras administraciones, al menos para aquellas que el pasado lunes, 15 de abril, firmaron el protocolo del Plan Extraordinario de Realojos en la Cañada Real. Incomprensiblemente, ese día representantes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Delegación de Gobierno en Madrid, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Madrid y Rivas Vaciamadrid rubricaron un documento en el que nada se indica sobre el restablecimiento del suministro eléctrico.
El plan de realojos incluye la inversión de 330 millones de euros entre 2024 y 2034 en alternativas habitacionales para los realojos y programas sociales de empelo y educación, pero ninguna medida para la restauración de la luz que hace ya demasiado tiempo cortó la compañía Naturgy. Por ello, la Plataforma en defensa del derecho humano a la vivienda en la Comunidad de Madrid, formada por 15 organizaciones muy representativas de la sociedad civil madrileña, pide a las administraciones firmantes del plan una rectificación y la activación de las medidas necesarias para que, de manera urgente, todas las familias de Cañada Real puedan volver a disfrutar de electricidad con la firma de contratos, tal y como las afectadas reclaman desde hace más de tres años. ¿O acaso tendrán que esperar los 10 años que va a durar el plan de realojos para poder disfrutar de algo tan básico y esencial?
La falta de acceso al suministro eléctrico supone una violación flagrante del derecho a disponer de una vivienda adecuada, a la salud y a la educación, entre otros derechos, además de la vulneración de diversos tratados y convenios internacionales firmados y ratificados por España y de los cuales se derivan obligaciones en materia de derechos humanos. Además, la ausencia de referencias a este problema en el Plan Extraordinario de Realojos convierte en papel mojado el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, que entre sus prioridades incluye, de manera expresa “garantizar a los ciudadanos de Cañada Real un suministro adecuado de energía eléctrica”.
Falta de participación vecinal
Por otro lado, la plataforma, en sintonía con las asociaciones vecinales del barrio, critica la ausencia de participación ciudadana en el proceso de gestación y firma del protocolo del Plan Extraordinario de Realojos, lo que sin duda supone la vulneración tanto del citado Pacto como de la Ley 2/2011, de 15 de marzo, de la Cañada Real Galiana, que establece que las administraciones “acordarán los mecanismos e instrumentos de colaboración y cooperación que sean necesarios para llevar a cabo un acuerdo marco para resolver todas las cuestiones derivadas de la ocupación, desafectación y destino de los terrenos de la Cañada Real Galiana, dando en todo el proceso participación a los afectados debidamente representados por asociaciones acreditadas”. Las administraciones no solo no han contado con estas asociaciones y colectivos del barrio para negociar el plan de realojos, es que ni siquiera les han informado.
Por ello, la plataforma por la vivienda exige la participación efectiva de los vecinos y vecinas de Cañada en todos los procesos de toma de decisiones que afecten a sus condiciones de vida, como el relativo al plan de realojos. De otra manera, esta importante actuación corre el riesgo de descarrillar por la oposición de sus propios beneficiarios y beneficiarias.
La Plataforma en defensa del derecho humano a la vivienda en la Comunidad de Madrid está formada por Amnistía Internacional, ATTAC, CAES, CCOO Madrid, Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, CECU, Plataforma de Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), Plataformas de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Usera y Arganda, Cuarto Mundo, Foro Ser Social, FRAVM, Fundación San Martín de Porres, Plataforma Luz y UGT Madrid.
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