El cambio de las empresas prestadoras del servicio de recogida de basuras en los barrios de la periferia de la capital no ha podido empezar con peor pie. Desde que la nueva UTE tomara el mando del servicio, el pasado 1 de noviembre, la basura se ha acumulado durante días en varios distritos, en especial en Usera, Villaverde, Carabanchel y en barrios como Aluche. A los desajustes producidos en la puesta en marcha del operativo y que ha provocado no pocas quejas vecinales se suma el incumplimiento, por parte de las empresas adjudicatarias, de una de las cláusulas del contrato: el uso de vehículos diésel, alquilados en Alemania y Holanda, prohibidos en la licitación por ser altamente contaminantes, en lugar de vehículos propulsados por gas licuado.

Las asociaciones vecinales de Butarque (Villaverde), Carabanchel Alto y Aluche (Latina) han denunciado que la acumulación de basura no solo constituye un problema de salubridad, sino de movilidad, toda vez que dificulta el tránsito en las aceras.

El contrato de basuras para la periferia, que afecta a 14 de los 21 distritos de la capital, fue adjudicado a la UTE formada por Urbaser (ACS) y Cespa (Ferrovial) por 69,1 millones de euros, bajando el presupuesto final un 10%.

Desde que el Ayuntamiento unificara en un megacontrato varios servicios municipales externalizados, cambió el sistema de control, que pasó de ser cuantitativo a cualitativo. Es decir, en lugar de valorar los medios humanos y técnicos, por ejemplo, cuántas veces se recoge una papelera, cuántos barrenderos trabajan cada día o el número de kilómetros de los camiones de basura, se tendrá en cuenta que las calles estén limpias. Se impondrán para ello por contrato unos objetivos mesurables técnicamente, y se aplicarán sanciones de hasta el 30% del pago comprometido en caso de incumplimiento. 300 inspectores determinan si las calles están limpias y las papeleras vacías. En caso de que las empresas no cumplan los objetivos se les detrae el dinero del pago mensual del servicio, pero las calles siguen sucias, los contenedores desbordados y las vecinas y vecinos tienen que llamar al Ayuntamiento para que sus calles estén limpias y transitables.