La pasada semana, la A.V. Las Tablas (Fuencarral) registró 12.000 firmas de otros tantos vecinos y vecinas solicitando una reunión al alcalde de Madrid, una medida que se suma a las exitosas movilizaciones promovidas para exigir al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid la urgente construcción de equipamientos públicos en un barrio que, a finales de 2008, estará habitado por 40.000 personas y acogerá a los 30.000 empleados en las empresas ubicadas en la zona.

Lorenzo Álvarez, presidente de la entidad vecinal, señala que “tal y como se están desarrollando los acontecimientos y el silencio del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, hemos decidido continuar con las acciones de protesta después de las elecciones del 9M. Con esta medida, pretendemos llamar la atención de las administraciones para que tomen nota de nuestras necesidades y promuevan un acuerdo integral para construir equipamientos públicos para Las Tablas antes de 2011, que es la fecha, casualmente electoral, que nos han dado de plazo para empezar a atender nuestras peticiones”.

La entidad denuncia la cesión, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de tres parcelas públicas a dos fundaciones privadas (Padre Garralda y Rais) para construir centros de atención a personas con riesgo de exclusión social “en un barrio en el que se nos niega un centro de salud, en el que se nos niega reiteradamente, tener un instituto de secundaria, en el que se nos niega un nuevo colegio público, más escuelas infantiles públicas, una biblioteca, un polideportivo, y todos los equipamientos básicos que en un barrio que, aunque pretendan convencernos de lo contrario, diciendo que no vivimos suficientes vecinos, necesitamos para el normal desarrollo de las personas y su bienestar social”.

La asociación, por acuerdo de su asamblea, solicitará una reunión urgente al Defensor del Pueblo para denunciar la inexistencia de los equipamientos públicos en el PAU y exigirá al Ayuntamiento de Madrid “la exoneración del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)” ya que “pagamos injustamente este impuesto, del que sólo recibimos una parte ínfima. La cantidad que aporta cada vecino, que se sitúa en un mínimo de 500€ anuales, no se corresponde con las dotaciones públicas y los servicios que la Administración pone a nuestra disposición. Así pues, pedimos la exención de este impuesto hasta que las administraciones den respuesta a estas mínimas demandas”.