Las obras de construcción de una gasolinera en el número 6 de la avenida de la Peseta ya han comenzado. La instalación del surtidor es fruto de una concesión del Ayuntamiento de Madrid a la compañía Repsol para su explotación durante 75 años, una operación que los vecinos consideran “irresponsable” por cuanto llega después de la cesión de la parcela contigua para la construcción de un colegio.
“A la peligrosidad implícita de un centro de almacenamiento de hidrocarburos se suman los riesgos para la salud que tienen los gases que emanan de los depósitos, relacionados por diversos estudios con incrementos en la incidencia de cánceres infantiles. La gasolinera implicaría también un aumento en las emisiones contaminantes atmosféricas y acústicas, así como un incremento en el tráfico de camiones cisterna”. “Paradójicamente -añaden los vecinos- esta gasolinera está enmarcada en un plan de alejamiento de las gasolineras del casco urbano, anunciado en agosto de 2005, para distanciar las emisiones contaminantes y los riesgos de las zonas pobladas”. No entienden, por tanto, “la contradicción que implica que la nueva gasolinera se coloque adosada a un centro educativo con 900 alumnos”. A los problemas medioambientales, sanitarios y de movilidad, suman las de seguridad, ya que la gasolinera “se encuentra alineada con la pista de aterrizaje del aeropuerto de Cuatro Vientos y a sólo 800 metros de la cabecera de una pista donde se producen unos 70.000 operaciones aéreas anuales”.
Los vecinos afectados no encuentran justificación a una gasolinera que ocasionará tantos perjuicios ya que “hay al menos una decena de estaciones de servicio en menos de 2 km a la redonda y a sólo 600 metros se encuentra otra gasolinera de la misma compañía”, por lo que reclaman al Ayuntamiento de Madrid, titular de la parcela y responsable de la concesión, que busque otra ubicación más adecuada para esta instalación.
Padres, madres y vecinos han iniciado ya una campaña de recogida de firmas contra la gasolinera y advierten que van a llevar a cabo “todas las movilizaciones que sean necesarias para paralizar este proyecto”. No descartan adoptar medidas legales en función de las irregularidades que puedan encontrar en la concesión, pero confían “en que el Ayuntamiento recapacite” y “pare este nuevo proyecto”, al igual que hiciera con un surtidor proyectado en el PAU de Montecarmelo tras las movilizaciones vecinales.
