Ante los ataques lanzados en los últimos días por Esperanza Aguirre y Lucía Figar y la denuncia posterior presentada por el PP ante la Agencia Tributaria, las entidades ciudadanas afectadas por la falsa polémica de las camisetas verdes han decidido adoptar “las medidas judiciales oportunas contra la consejera de Educación y Empleo y contra el Partido Popular de Madrid, y revisar las informaciones aparecidas en los diferentes medios de comunicación, por si en algún caso se ha traspasado el derecho a la información y/o el de libertad de expresión, lo que también sería denunciado, pues las calumnias, difamaciones e injurias vertidas no pueden quedar impunes, y no quedarán”. En una nota de prensa que hicieron pública ayer, los citados colectivos, que cuentan con el apoyo cerrado de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, califican de “rotundamente falsas las acusaciones realizadas sobre la existencia de actuaciones ilegales”, subrayando que que son “organizaciones sin ánimo de lucro” y que pagan “IVA en todas nuestras compras sin repercutir ninguno en nuestras actuaciones, tal y como marca la legislación vigente”. “La Agencia Tributaria -continúa el comunicado- recibe ingresos en concepto de IVA por todos los gastos que realizamos con nuestras actividades, y la venta de camisetas se incluye entre las actividades propias de recaudación de fondos para sufragar los gastos realizados para llevar a cabo nuestros fines estatutarios. “Sin ánimo de lucro” significa que no hay reparto de beneficios entre personas y que los recursos económicos que se generan se reinvierten en las actividades propias de las entidades”, aclaran las asociaciones de padres y madres y la entidad vecinal.
Por este motivo, “vamos a seguir distribuyendo las camisetas verdes y luchando en la defensa de los servicios públicos y de los valores que, estamos seguros, la sociedad debe tener. No nos van a callar nunca”, aseguran los colectivos ciudadanos, que tildan el ataque del ejecutivo autonómico y del PP de “cortina de humo” destinada a eludir un conflicto en el que “existe una absoluta falta de voluntad para resolverlo por parte de quienes lo han generado”. “Como se ven incapaces de convencer a la ciudadanía con una sucesión de falsas argumentaciones que son perfectamente contestadas y rebatidas”, atacan “la difusión de las camisetas verdes, porque se han convertido en un símbolo de unidad, y a las organizaciones que estamos facilitando su extensión”, afirman las organizaciones sociales en la citada nota.
Los dos colectivos y la plataforma llevan muchos años trabajando por la mejora de las condiciones educativas y sociales en la Comunidad de Madrid, con “un funcionamiento abierto, transparente y democrático”, algo que seguirán haciendo, con más ahínco si cabe, ante el hostigamiento de los responsables autonómicos. “Desde el Gobierno regional, la Consejería de Educación y Empleo, y el Partido Popular de Madrid, se está practicando una política que busca el desmantelamiento de los servicios públicos como requisito indispensable para ponerlos en manos de empresas e intereses privados que les son afines ideológica y políticamente. Las instrucciones y el resto de normativa dictada desde la Consejería de Educación y Empleo forman parte de esa estrategia de desmantelamiento, frente a la que se ha producido una movilización sin precedentes en la comunidad educativa, y por extensión en toda la sociedad madrileña”, concluyen las entidades ciudadanas.
