Hoy se han hecho público dos autos del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid que obligan a la Comunidad de Madrid a recuperar la totalidad de los 2.935 pisos vendidos al fondo buitre Azora-Goldman Sachs y a publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) la sentencia que declara nula la operación.
En la misma línea que la portavoz de los damnificados se ha mostrado el presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, que los ha apoyado y acompañado en su lucha durante estos siete largos años. “Hoy es un día muy importante y feliz para todos nosotros y nosotras. Aunque la Comunidad de Madrid puede presentar un escrito de apelación, es muy poco probable que salga adelante, lo que nos sitúa al final de uno de los casos más vergonzosos de nuestra historia reciente. Los tribunales nos han dado la razón de forma contundente, por lo que exigimos al Gobierno regional que se siente a negociar de inmediato la recuperación de todas las viviendas y locales malvendidos, compensando a las miles de familias afectadas, velando por fin por sus intereses y derechos como madrileños y madrileñas beneficiarios de vivienda pública. Esperemos que de una vez por todas deje de obstruir a la justicia, como ha estado haciendo todos estos años, y de martirizar a unas familias que, por su difícil condición, debería de haber apoyado en todo momento”, ha indicado.
Los autos que hemos conocido hoy, que tienen fecha del pasado 1 de febrero, atienden sendos recursos contencioso-administrativos interpuestos por César Manuel Pinto, el abogado de Rachid Boukiu, un afectado de Navalcarnero que ha obtenido sentencias favorables en los juzgados de lo contencioso-administrativo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo.
Boukiu y su abogado, a los que AVVI y la FRAVM felicitan por su extraordinario trabajo para que se haga justicia a la totalidad de las familias damnificadas, presentaron uno de los recursos contra un acuerdo del Consejo de Administración de la Agencia de la Vivienda Social del 18 de junio de 2020 que restringe a los casos individuales de los afectados que han ganado sentencias judiciales el alcance de una sentencia de 2018 que declara nula la totalidad de la operación de venta. El tribunal declara ahora “la nulidad de pleno derecho” de ese acuerdo de 2020, subrayando que la sentencia afecta “al contrato de enajenación de las 32 promociones y con ello a la totalidad de los inmuebles que las integran” y no solo a los de los hogares demandantes.
A su vez, el juzgado requiere a Azora Gestión y Encasa Cibeles, filiales de Goldman Sachs que en estos momentos gestionan las viviendas otrora públicas, “que se abstengan y cesen de cualquier actuación tendente a la enajenación de cualquiera de dichos inmuebles, bajo apercibimiento de que, de desobedecer dicho requerimiento, pueden incurrir en la responsabilidad penal correspondiente”. Es decir, las prohíbe que se desprendan, vendiéndolos a terceros, de los pisos que forman parte del caso.
En el mismo auto, el juez obliga al Gobierno regional a iniciar sin demora la reversión de la operación que ejecutó en 2013. De hecho, requiere a la Agencia de la Vivienda Social que “en el plazo de diez días proceda a solicitar la anotación de la anulación de la venta en la inscripción de todas y cada una de las fincas registrales que integran las 32 promociones que fueron objeto de la venta anulada”.
Ante la nueva situación, la FRAVM pide a la Comunidad de Madrid abrir una mesa de diálogo con las familias afectadas y las asociaciones vecinales para estudiar cómo llevar a cabo esta reversión y restituir los derechos de los hogares involucrados.
Publicación en el BOCM
El segundo de los recursos presentados por César Manuel Pinto tiene que ver con el rechazo de la Comunidad de Madrid a publicar en su boletín oficial la resolución judicial que declara nula la operación de venta. En el auto que lo atiende, el juzgado considera razonable la petición del letrado y concluye que, por el interés de la ciudadanía, no solo la Comunidad de Madrid debe atender esta solicitud, publicando la nulidad de la operación en el BOCM, sino que también lo debe hacer el periódico de ámbito estatal más leído, El País. “Si se ha anulado la adjudicación de las 32 promociones de viviendas, con la repercusión social que lleva consigo, el interés general obliga a dicha Administración a que se publique la sentencia, ya que deja sin efecto alguno la adjudicación de la enajenación de la totalidad de las viviendas y no en la parte de los que hayan recurrido”, puede leerse en el auto, que supone un nuevo y esperamos definitivo golpe judicial para la Comunidad de Madrid.
