“La reunión fue muy intensa, constructiva, compartiendo información. La responsable del área de sanidad nos estuvo trasladando todo el trabajo realizado, así como un asesor y el propio Defensor que nos hizo repaso de toda la información solicitada a la Comunidad de Madrid”, indicó Villalobos al término del encuentro. “La Comunidad va dando la información por cuentagotas. El Defensor pide información y siempre le van dejando algo sin contestar”, aseguró el presidente vecinal, antes de añadir: “El Defensor nos trasladó su preocupación de cómo se había hecho la gestión de la pandemia en relación con las residencias de mayores, le dedica mucho espacio en su memoria a ese tema. Ahí se mostró preocupado y la información que andan recabando puede ser útil para empezar una causa legal”.

Durante la reunión con Francisco Fernández Marugán, los delegados vecinales y sindicales trasladaron un documento en el que aseguran que “la pandemia está sirviendo como argumento para derivar al sector privado los recursos económicos extraordinarios que los estados están aportando para intentar acabar con la tragedia colectiva de la Covid-19”, y como muestra más evidente se encuentra el despilfarro del hospital Isabel Zendal y el plan de vacunación de la Comunidad de Madrid. “Si la construcción del Hospital de campaña Isabel Zendal, sanitariamente hablando, es indefendible habiendo camas cerradas en nuestros hospitales públicos, la negligencia y dejación de funciones en relación a la vacunación es más grave aún, ya que supone que el gobierno de Díaz Ayuso y Aguado deja en manos privadas la ejecución de la medida más trascendental para conseguir la inmunización de la población, perdiendo el control de la campaña y facilitando se administren vacunas a quienes no tienen que recibirlas todavía según lo establecido en el plan aprobado en el Consejo Interterritorial; esa situación ya se produjo en una residencia de mayores de la Comunidad de Madrid o, más recientemente, en el Hospital Clínico”, puede leerse en el documento consignado al Defensor, que reproducimos de manera íntegra a continuación.

Madrid, 2 de febrero de 2021

Al Defensor del Pueblo

Las organizaciones sociales: Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), Asociación Madrileña de Enfermería (AME), Comisiones Obreras (CCOO Madrid), Confederación General del Trabajo (CGT), CSIT-Unión Profesional, Derecho
a Morir Dignamente (DMD Madrid), Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Juntxs por la Pública, Movimiento Asambleario de Trabajadores/as de Sanidad (MATS), Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid-Marea Blanca (MEDSAP-Marea Blanca), Plataforma de
Afectados por la Hepatitis C (PLAFH), Plataforma Centros
de Salud, Sanitari@s Necesari@s, Sindicato Estatal
de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETESS),
SummAT (sindicato asambleario de los
trabajadores del Summa 112) y Unión
General de Trabajadores
(UGT Madrid).

EXPONEN:

Que estamos sufriendo sin duda el mayor ataque a nuestra salud, tanto individual como colectiva de toda nuestra historia reciente. La COVID19 está produciendo en nuestra Comunidad un número muy elevado de muertes por causa directa del virus, y otras más como consecuencia de la falta de seguimiento correcto de otros procesos de enfermedad que las ciudadanas y ciudadanos padecemos y que no se atienden con la debida prontitud. Ante esta situación de extrema gravedad exigimos que nuestros gobernantes actúen con celeridad, eficacia y tomando siempre medidas en aras del interés general, que ahora no es otro que preservar nuestra salud.

Una mayoría de la ciudadanía madrileña pensamos que el gobierno de Díaz Ayuso no está gestionando la pandemia con esos criterios.

La pandemia está sirviendo como argumento para derivar al sector privado los recursos económicos extraordinarios que los estados están aportando para intentar acabar con esta tragedia colectiva.

Esa derivación de dinero público al sector privado con el consecuente debilitamiento de los centros sanitarios públicos se está llevando a cabo en la pandemia de dos maneras, una de ellas mediante la realización de obras absolutamente innecesarias y muy costosas, ejemplo más evidente el Hospital de campaña Isabel Zendal, ejercicio de administración deficiente de recursos públicos en beneficio de empresas constructoras privadas. La otra de las maneras de derivación de dinero público al sector privado es hacer dejación de las funciones que tienen que realizar los centros sanitarios y remitir esas actividades al sector privado. Aquí tenemos como ejemplo muy grave la puesta en marcha del Plan de Vacunación.

Si la construcción del Hospital de campaña Isabel Zendal, sanitariamente hablando, es indefendible habiendo camas cerradas en nuestros hospitales públicos, la negligencia y dejación de funciones en relación a la vacunación es más grave aún, ya que supone que el gobierno de Díaz Ayuso y Aguado deja en manos privadas la ejecución de la medida más trascendental para conseguir la inmunización de la población, perdiendo el control de la campaña y facilitando se administren vacunas a quienes no tienen que recibirlas todavía según lo establecido en el plan aprobado en el Consejo Interterritorial; esa situación ya se produjo en una residencia de mayores de la Comunidad de Madrid o, más recientemente, en el Hospital Clínico.

La gestión sanitaria del gobierno de Ayuso sigue siendo similar a la realizada por los gobiernos de su benefactora Esperanza Aguirre , Ignacio González y Cristina Cifuentes (todos ellos investigados en la actualidad por la presunta comisión de graves delitos), la forma de adjudicación de los contratos por vía de emergencia y usando la pandemia como excusa, impiden la obligada publicidad y concurrencia que las contrataciones publicas deben cumplir.

Por todo ello manifestamos nuestra repulsa a esta forma oscura, irregular e irresponsable de gestionar la pandemia por parte del gobierno Ayuso, considerando imprescindibles las siguientes reivindicaciones:

1. La campaña de vacunación la realicen los profesionales de la Sanidad Pública Madrileña. La enfermería madrileña del sector público ya ha manifestado su capacidad y plena disposición para llevarlo a cabo. Rechazamos que entidades privadas como Cruz Roja o cualquier otra, sustituyan a la Sanidad Pública.

2. La Consejería de Sanidad asuma el control riguroso y necesario que la campaña de vacunación exige. No podemos tolerar una vez más que la incompetencia e ineptitud de sus máximos responsables pongan en peligro la viabilidad del proceso.

3. La Consejería de Sanidad habilite los recursos humanos imprescindibles para que los Centros de Atención Primaria puedan desempeñar su labor presencialmente y con garantías de calidad, sin someter a los escasos profesionales a situaciones de mucho estrés, que afectan a su salud y disminuyen la calidad de la asistencia prestada.

4. La reapertura de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), que permanecen cerrados en su totalidad. La coordinación con los Centros Municipales de Salud (CMS) para combatir la pandemia y realizar la vacunación.

5. Los pacientes sean atendidos en sus Hospitales de referencia y no se les envíe al Hospital de campaña Isabel Zendal para intentar justificar su existencia.

6. Se produzca de manera inmediata la reposición de los efectivos humanos sustraídos a los Hospitales públicos para enviarlos al Hospital de campaña Zendal , cesando asimismo los traslados forzosos a ese centro.

7. La Consejería de Sanidad proporcione información veraz, trasparente, y en tiempo real de la situación de la pandemia, así como de todas las contrataciones que la Consejería de Sanidad efectúe, particularmente en relación al Hospital Zendal (no queremos se pueda convertir en una segunda versión de la Ciudad de la Justicia de Aguirre).

SOLICITAN

La intervención del Defensor del Pueblo para revisar la gestión de la pandemia que está realizando el gobierno regional de Madrid, especialmente en lo relativo al coste y funcionamiento del Hospital de campaña Isabel Zendal, con la derivación obligada de pacientes y personal sanitario procedentes de otros Hospitales; la contratación de entidades privadas para la campaña de vacunación, obviando la capacidad y disposición del sistema público para llevar a cabo dicha campaña; la contratación insuficiente de personal sanitario y no sanitario para el funcionamiento óptimo de los Centros de Atención Primaria, esenciales en la prevención y seguimiento de la pandemia; el cierre actual y desde el inicio de la pandemia de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP).

También la intervención en la supervisión del destino de los fondos especiales que el Gobierno de España ha transferido a la Comunidad de Madrid para el combate de la COVID-19, instando al Gobierno Central a que proceda a controlar el dinero que se entrega a esta comunidad, para que haya total trasparencia y acceso público a la información de las partidas que se han entregado y entregarán que, a su vez, no deberían ser de uso discrecional sino tener un carácter finalista previamente acordado.

Desearíamos ser informados de todos estos asuntos para lo cual, pueden contactar con nuestras organizaciones a través de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid.