A pesar de que en España se producen más de 10 suicidios al día, los recursos que el Estado destina a salud mental no han cesado de reducirse en los últimos años, tal y como denuncia la Unión Madrileña de Asociaciones pro Salud Mental (UMASAM), una de las organizaciones que componen la MEDSAP y que el pasado domingo se hizo muy visible en la 49ª Marea Blanca. La marcha se produjo precisamente en la semana en la que se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, una de las partes de nuestra sanidad pública que ha sufrido más recortes y privatizaciones. Con pancartas con lemas como “Si nos quieres ayudar, trátanos con dignidad” o “Basta de asociar maldad a problema mental”, miembros de UMASAM llamaron la atención sobre el estigma que pesa sobre las personas que padecen algún tipo de trastorno psíquico o psicológico.
“Son los pacientes de Salud Mental los que se enfrentan a enormes dosis de estigmatización y discriminación; se les aparta del entorno social, pierden trabajo, amigos, incluso se les relega en la familia y el círculo más cercano. Defender la dignidad de todos ellos es que se los trate con todas las condiciones que precisan en el propio contexto en que viven; de ahí nuestra denuncia de que se está destrozando el modelo comunitario cercano y con mayores garantías que se había ido construyendo para evitar su indignificación, los abusos y violencia; para fomentar su autonomía y el goce de mayor libertad; ese que les permite tener engranajes más solidos para su inclusión social, para que puedan trabajar, para que puedan participar en las formulaciones políticas más cercanas”, indica la MEDSAP en un comunicado que fue leído al término de la marcha.
La Mesa, en la que participa desde su origen la FRAVM, defiende un modelo de salud mental que persigue “paliar todos los factores que les afectan [a los enfermos] para que logren el régimen de igualdad de que les dota la Constitución Española y otras reglamentaciones internacionales; las mismas que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) define en su proyecto Calidad y Derechos, un plan que aborda y compromete a velar por la dignidad de las personas con trastornos mentales”. Tal y como sostiene la OMS, “no sólo hay que tratar los síntomas, hay que ir mucho más allá. Hay que facilitar que los profesionales y resto de agentes activos en temas que afectan a la salud mental puedan apoyar a las personas con trastornos mentales para hacer realidad sus esperanzas y sueños, trabajar, disfrutar de familia y amigos, y vivir una vida plena y satisfactoria en su comunidad. No sólo hay que inmiscuirlos y tratarlos en su espacio vital, sino hacerlo con programas de formación que fortalezcan la capacidad de sus familias, que apuntalen el trabajo de los profesionales sanitarios para promover todos los derechos que tienen y para cambiar las actitudes y prácticas hacia ellos. Y con la inherente necesidad de ser reconocidos en sus derechos ciudadanos para ser copartícipes de cuanto les afecta”, afirma la Mesa, antes de criticar el “modelo mercantilista y comercial que está privatizando centros, sacando a los usuarios de su comunidad, que transfiere el eje del acto profesional desde la comunidad y el equipo especialista al frío y deshumanizado mundo hospitalario, olvidando todo lo demás”.
“No pedimos caridad, sino derechos. Y pedimos también una decisión firme para rescatar la salud mental , reintegrarla al espacio comunitario, mantenerla bajo la plena titularidad pública dotándola de los profesionales que sólo tratan para poner en pie la dignidad de los afectados, facilitar el logro del máximo bienestar posible; es decir, profesionales del ámbito público que darán la máxima calidad, la que se logra sin engaños, tretas y tradiciones de proyección ideológica y políticas edulcorantes, porque el malestar exige tutela cercana y permanente”, concluye el manifiesto de las asociaciones en defensa de la sanidad pública.
Hay que resaltar que, con el mismo espíritu que la Marea Blanca madrileña, coordinados con esta, el mismo día unas 40.000 personas se manifestaron en Granada contra la fusión y privatización hospitalaria.
