Informe del Observatorio de la Crisis: la recesión se ceba con los barrios más desfavorecidos

Preocupada por el deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía como consecuencia de la actual recesión económica, la FRAVM ha puesto en marcha un nuevo “dispositivo de escucha”: el Observatorio de la Crisis en los Barrios. Durante 2009, profesionales de esta entidad han recopilado información de 18 de las zonas más desfavorecidas de la capital. Como resultado, la FRAVM ha elaborado un primer informe que, aunque parcial, sirve de fotografía de la realidad de la crisis.

Informe del Observatorio de la Crisis: la recesión se ceba con los barrios más desfavorecidos
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Las observaciones a las que hace referencia el documento, se llevaron a cabo entre febrero y junio de 2009, aunque son perfectamente extrapolables al contexto actual, marcado por un incremento de las bolsas de precariedad y pobreza, sobretodo en las zonas donde se concentran las rentas más bajas.

En distritos como Villaverde, Carabanchel, Latina, Usera, Tetuán o Puente de Vallecas, el aumento del desempleo y del número de personas que se encuentran en riesgo de exclusión social no está siendo acompañado de un refuerzo de los dispositivos sociales dependientes de las administraciones, muchos de los cuales se encuentran saturados. Es más, a menudo sucede lo contrario: el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid han cerrado o reducido al mínimo servicios que sirven para atenuar desigualdades entre la población. Así, en 2009 el Ejecutivo de Aguirre cerró siete Centros de Atención Social a Inmigrantes y el Gobierno municipal clausuró el Servicio de Mediación Social Intercultural, de tal forma que mucha población de origen extranjero se ha quedado sin su referente inmediato y directo en servicios sociales. En Villaverde y Lucero (Latina), por poner otros ejemplos, se han producido recortes y retrasos importantes en teleasistencia y asistencia domiciliaria a mayores. La Comunidad clausuró, también en Villaverde, el único ciclo nocturno de enseñanza secundaria del distrito y el abandono de equipamientos deportivos y zonas verdes es más que notable en lugares como Pan Bendito (Carabanchel), Lucero o San Cristóbal de los Ángeles y San Andrés (Villaverde). Todos los observadores han constatado un aumento de las personas que acuden a servicios de inserción socio-laboral y de los parados de larga duración. Para hacer frente a esta problemática, se han constituido en algunos lugares Asambleas de Parados. En el plano de la vivienda, el informe señala un incremento del hacinamiento en hogares de barrios con fuerte presencia inmigrante (como Bellas Vistas-Tetuán o San Fermín-Usera), así como de los desahucios por deudas hipotecarias. Estos hechos, así como el impago de las cargas de la comunidad por falta de recursos económicos, está generando no sólo carencias en el mantenimiento de bloques viviendas sino también tensiones en el seno del vecindario. Por otro lado, en la totalidad de los lugares observados un número importantísimo de organizaciones sin ánimo de lucro que desarrollan labores de integración social han visto reducidas o eliminadas las ayudas económicas que percibían de las administraciones, hasta el punto de que algunos proyectos e incluso entidades se han visto obligadas a echar el cierre. Las asociaciones vecinales denuncian que se está dejando de financiar proyectos de agrupaciones muy enraizadas en los barrios, como el Secretariado Gitano, la asociación Puerta Abierta o el Albergue San Fermín, a la vez que se conceden importantes ayudas económicas a entidades sin ningún arraigo territorial ni experiencia en intervención social. Tras una descripción de las realidades de la crisis, que se ilustra con centenares de ejemplos concretos, el informe incluye una larga batería de propuestas de la FRAVM, que van desde la ampliación de la cobertura de la Renta Mínima de Inserción a la promoción de proyectos de economía social, cooperativismo y autoempleo, pasando por la impulsión de las escuelas taller, la implantación de, al menos, un centro de servicios sociales generales en cada demarcación o “la aprobación de una ley de barrios que comprometa a las administraciones a buscar el equilibrio territorial”.

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