Los ciudadanos mayores de edad que gocen de la condición política de madrileños y se encuentren inscritos en el censo electoral, así como los ayuntamientos comprendidos en el territorio de la Comunidad de Madrid, pueden ejercer la iniciativa legislativa para que se tome a consideración política un determinado asunto público.

Es lo que se ha propuesto hacer la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II para revocar la privatización del 49% de esta empresa pública, una medida aprobada el 29 de diciembre de 2008 con la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, una “ley escoba” que permitió al PP –con mayoría absoluta en el Parlamento regional madrileño– aprobar ésta y otras iniciativas sin la necesidad de someterlas previamente a debate en las comisiones.

La Plataforma, que inició la campaña hace unas semanas, ha conseguido el apoyo de cinco ayuntamientos que suman, entre todos ellos, una población que supera los 333.000 electores: Colmenarejo (5.227); Leganés (136.589); Getafe (118.648); Rivas-Vaciamadrid (45.207) y San Fernando de Henares (27.172).

Se cumple, así, de forma holgada el requisito fijado por la leigislación vigente, que establece que “tres o más Ayuntamientos cuyos municipios cuenten en conjunto con un censo superior a 50.000 electores” pueden presentar una iniciativa legislativa en la Comunidad de Madrid.

En las próximas semanas y, en cumplimiento de la Ley 6/1986, de 25 de junio, de Iniciativa Legislativa, habrá de constituirse una comisión compuesta por una representación de los alcaldes de los municipios interesados en que la gestión del Canal se debata en la Asamblea regional para que redacte el contenido de la Proposición de Ley, incluida una exposición de los motivos.

La Plataforma considera que las referidas corporaciones muestran “una clara voluntad política de promover todas aquellas medidas que contribuyan al mantenimiento del carácter público del abastecimiento del agua potable y los servicios públicos esenciales que el Canal de Isabel II ha prestado eficazmente durante sus más de 150 años de historia como entidad administrativa de naturaleza pública, oponiéndose a todo intento de introducir en la gestión de tan esencial infraestructura elementos de carácter mercantil que distorsionen el buen y satisfactorio funcionamiento del servicio público del agua en la Ccomunidad de Madrid”.