Según datos de la Red Madrileña de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN Madrid), una de las organizaciones que componen la citada Alianza, 927.177 personas, 1 de cada 5 madrileños, se encuentran actualmente en riesgo de pobreza y exclusión social. De estas, 300.000 personas padecen “privación material severa’ y 242.000 menores de 18 años, el 26% de los niños de la Comunidad, crecen en una situación de pobreza.

Siguiendo con datos que muestran que la crisis económica está lejos de remitir, sobretodo en los sectores sociales más vulnerables, según la última Encuesta de Población Activa 200.000 familias tienen a todos sus miembros el paro y 249.967 personas desempleadas carecen actualmente de cualquier ayuda o prestación. En total, la región acumula aún un volumen de 545.300 trabajadores que desean trabajar y no encuentran empleo. Pero, si lo encuentran, tienen todas las papeletas para que el contrato que firmen sea temporal, dada la actual evolución del mercado laboral. Este trimestre, el número de asalariados con contrato indefinido se redujo un 1,79% en la Comunidad de Madrid, mientras que las contrataciones temporales pasaron del 16,5% al 18,3%.

Frente a esta realidad, a la que hay que añadir otros elementos como la persistencia de las cifras de desahucios de primera vivienda, el aumento de la pobreza energética o de la emigración por motivos económicos; frente a un alarmante incremento de la desigualdad social, nos encontramos con unos recursos sociales cada vez más debilitados, fruto de los sucesivos recortes realizados en los últimos años por los gobiernos Central y Regional.

Tal y como indicaron representantes de la Alianza Social en defensa del Sistema Público de Servicios Sociales en una comparecencia de prensa celebrada ayer, estos recortes, sumados a las medidas legislativas adoptadas por esas administraciones, “están provocando una eliminación de los derechos de los ciudadanos y un debilitamiento, aún mayor, del sistema de servicios sociales en sus prestaciones y servicios, cuando el momento actual exigiría un mayor compromiso social”.

El presupuesto de la nueva Consejería de Políticas Sociales y Familia para el 2016 es de 1.475 millones de euros, lo que supone una subida del 6,6% respecto al de 2015 y representa un gasto por habitante de 231€. Pero no podemos olvidar que desde 2010 el área de asuntos sociales ha perdido un 30% del presupuesto global de todos sus programas.

Respecto a la Renta Mínima de Inserción (RMI), los 400 euros de media que perciben cada mes sus beneficiarios siguen siendo netamente insuficientes, pero peor aún resulta el hecho de que en 2013 solo el 34,4% de las solicitudes iniciales se resolvieron favorablemente. Además, indica la Alianza, “no es admisible que en 2014 se hayan emitido un 74% más de resoluciones de denegación que en 2013”.

Ante este preocupante panorama, Marea Naranja y la Alianza Social reclaman un pacto social (integral y global) contra la pobreza y las desigualdades, que según indicó ayer Ana González, secretaria de Política Social e Igualdad de CCOO, “debe tener una financiación suficiente, debe garantizar la universalidad de los servicios y debe apoyarse en unos servicios públicos de calidad que generen también empleo de calidad”.

Por su parte, Isabel López, del Colegio de Trabajo Social de Madrid, Gema Gallardo, de la EAPN, y Leticia Sánchez, del Colegio de Educadores Sociales, animaron a la ciudadanía a participar en la concentración del sábado, que con el lema “Sin Servicios Sociales no hay Justicia Social” comenzará a las 12:30 en la céntrica plaza de Callao de la capital. Durante el acto, los convocantes distribuirán un extenso manifiesto que recoge sus propuestas y denuncias.

Además de CCOO, UGT, EAPN, la FRAVM y los dos citados colegios profesionales, forman parte de la Alianza Social CECU Madrid, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, Psicólogos sin Fronteras, el Foro Servsocial Madrid y el Observatorio de la Exclusión Social de la Comunidad de Madrid.