Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad sobre la evolución de la Ley de Dependencia en las distintas Comunidades Autónomas a 1 de junio de 2011, la Comunidad de Madrid sigue ocupando los últimos puestos en todas las variables que indican el grado de implantación de la Ley, a pesar de que estos datos tienen la peculiaridad de ser una depuración de los expedientes que no continúan activos por diferentes causas.
El Observatorio Social de la Dependencia de la Comunidad de Madrid, integrado por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), CCOO, UGT y CECU-Madrid denuncia que, aunque el anterior Gobierno realizó un ligero impulso de la Ley en pleno proceso electoral, con el único afán de mostrar una correcta aplicación de la misma, la situación en la región sigue siendo motivo de extrema preocupación. En concreto, la Comunidad de Madrid ocupa el penúltimo lugar en porcentaje de solicitudes y personas valoradas en función de la población general. Resulta especialmente grave que la región de Madrid se sitúe en el cuarto lugar por la cola en personas atendidas.
Asimismo, miles de madrileños continúan esperando recibir las prestaciones y servicios que, por derecho, les corresponden. Cerca de 13.000 personas con derecho reconocido siguen sin recibir las ayudas.
Analizando los datos, se puede comprobar que la Comunidad de Madrid ha reducido significativamente el número de plazas de atención residencial, lo que supone 1.753 menos que en el mes anterior. Incrementando, sin embargo, aquellas ayudas que tradicionalmente venían recibiendo las personas dependientes a través de los Servicios Sociales de proximidad, de sus respectivos Ayuntamientos y siendo 50 la cantidad máxima de horas mensuales (dos horas por día). Esta ayuda, sin duda, supone un ahorro considerable a la Comunidad, frente al coste de la atención residencial.
También hay que destacar el incremento en la prestación económica vinculada al servicio, que no cubre los gastos económicos reales que supone este tipo de ayuda.
Por todo ello, el Observatorio exigirá al nuevo Gobierno un compromiso cierto, claro y calendarizado que ponga fin a la situación de desprotección e inseguridad a la que están sometidos miles de madrileños. Igualmente, reclamará una vez más la creación del Comité Consultivo Regional, como espacio de participación social, que permita a los madrileños tener una información real y transparente del desarrollo y aplicación de la Ley.
También sigue demandando la creación de una red pública de servicios que cubra la totalidad de las necesidades existentes en nuestra región, donde se incremente los recursos humanos, infraestructuras y dotación económica para atender de forma correcta a nuestros dependientes, como marca la Ley.
