Representantes de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), de las federaciones locales de asociaciones vecinales de Móstoles, Leganés y de Getafe, de la AV Vientos del Pueblo y AV Aires Nuevos de Getafe y de las asociaciones vecinales de Torres Bellas, Júpiter y Sural, de Alcorcón y miembros de las uniones comarcales Sur y Oeste de CCOO y la Unión comarcal Sur de UGT compartieron en un encuentro celebrado la pasada semana su rechazo a las políticas neoliberales aplicadas desde las distintas administraciones públicas del Estado para hacer frente a la actual crisis creada por los poderes económicos y financieros del capital.
En un comunicado conjunto que recoge las conclusiones de su análisis, denuncian la política presupuestaria de la Comunidad de Madrid de 2011, en la que se reduce la inversión en áreas sociales en 404 millones de euros (un 2,78% menos que en 2010).
En educación son 80 millones de euros, que dejará a más de 3.000 profesores interinos en la calle, cuando Madrid es la penúltima comunidad en gasto por alumno, con 6.003 euros anuales, frente a los 10.388 euros del País Vasco o los 6.567 de promedio del conjunto de las comunidades autónomas.
Por el contrario, se destinan 90 millones de euros a financiar la educación privada, se realiza una desgravación fiscal para las familias que llevan a sus hijos a colegios privados por un importe de 80 millones de euros.
Las previsiones para el ejercicio 2012 profundizan esta política de recortes. Se aumenta el presupuesto a los colegios concertados en 20 millones de euros y se recortan los presupuestos en la Enseñanza Secundaria y en la Formación Profesional en 44,5 millones de euros.
En las políticas de empleo se suprime el Servicio Regional de Empleo y se rebaja su presupuesto en 120,8 millones, dejando en 420 millones el total de las partidas destinadas a este capítulo.
En sanidad, el presupuesto de Atención Primaria se recorta en 42 millones de euros, mientras aumentan las partidas destinadas a los convenios con la sanidad privada en un 34% y disminuye el gasto de personal en 53 millones de euros.
En esa misma dirección apuntan los ajustes presupuestarios que se pretenden aprobar en los ayuntamientos para el próximo ejercicio 2012. En líneas generales estos ajustes apuntan a:
– una reducción de las plantillas de los trabajadores de los servicios públicos desde la propia administración pública, así como de las empresas a las que se les ha encomendado la gestión de los servicios externalizados;
– recortes en la mayor parte de los servicios sociales en un momento en el que los índices de pobreza aumentan y el uso de estos servicios se hace imprescindible;
– políticas fiscales orientadas a reducir los ingresos, unas políticas que, inevitablemente nos lleva a no generar empleo y, por tanto, a reducir servicios, cuando en estos momentos, se necesita justamente lo contrario.
Por todo ello, denuncian el discurso tramposo de bajar impuestos dirigido a ganarse la simpatía de la ciudadanía para facilitar la aplicación de esas medidas. Es evidente, subrayan, que si los ingresos disminuyen y se reducen las plantillas, la calidad de los servicios, de por si ya precarios, inevitablemente van a empeorar.
Exigen, por tanto, la modificación de la actual Ley de Financiación de las Haciendas Locales aumentando las partidas destinadas a la gestión municipal.
Las organizaciones acordaron, por último, volver a reunirse para decidir el tipo de acciones de movilización a desarrollar en la zona sur.
