Tal y como dieron a conocer por la mañana en el vecino Centro Social Okupado Patio Maravillas, los colectivos que participan del proceso proponen al Consistorio madrileño la cesión del espacio de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo que se ubica en las calles Corredera Baja de San Pablo y Barco “para la creación de un centro social de producción de lo común, un nuevo tipo de uso dotacional”. “Este proyecto se enmarca en un barrio, como es Universidad, con carencias dotacionales públicas y está encaminado a cubrir algunas de ellas y poder satisfacer las demandas de las vecinas y vecinos del barrio y de la ciudad. Existen amplios antecedentes de proyectos similares como Tabacalera o el Centro Social Seco en Madrid, y recientemente la Casa Invisible en Málaga”, indicaron en una comparecencia ante los medios. La viabilidad de la propuesta se sustenta sobre dos pilares: por un lado, sobre “un modelo arquitectónico solvente, exportable y reproducible basada en principios sociales, políticos y sostenibles elaborado por los arquitectos y urbanistas que participan en el proyecto, así como las entidades de defensa del patrimonio que también forman parte de proceso”. Por otro, sobre un “modelo económico que garantiza la financiación del proyecto a través del trabajo conjunto con entidades de financiación ligadas a los movimientos sociales como la banca ética Fiare (aval financiero del proyecto), la participación en el proyecto de diversas cooperativas y redes de trabajo asociado, y de mecanismos de micro-financiación colectiva a través de Crowdfunding, donaciones particulares y, por último, ayudas públicas”, sostuvieron. “Sobre estas bases queremos abrir un diálogo con el Ayuntamiento para que se recalifique la parcela de uso residencial a dotacional básico, la cesión de los inmuebles a los integrantes del proceso y, el otorgamiento de autonomía en el proceso de rehabilitación y gestión”, precisaron éstos por la mañana.La respuesta del Consistorio de Madrid llegaba unas horas después, en el marco de una reunión en el Área de Urbanismo y Vivienda en la que tomaron parte varios técnicos municipales y, del lado de los colectivos sociales, únicamente los representantes de ACIBU, que consignaron el proyecto. Los responsables municipales, aunque acogieron con interés el documento, rechazaron que sea ejecutado en el edificio propuesto.

A pesar de la disposición mostrada por el Ayuntamiento, los colectivos promotores albergan serias dudas dado el comportamiento mostrado a lo largo del proceso de un inmueble que se mantuvo okupado durante dos meses. Más allá del hecho de que ayer por la tarde el Área de Urbanismo y Vivienda sólo aceptase reunirse con ACIBU (dejando fuera al resto de entidades con el argumento de que la reunión sólo la había solicitado la asociación vecinal), recuerdan que el pasado 7 de enero la EMVS trató de desalojar de manera ilegal el edificio de Corredera-Barco y que poco después denunció por usurpación a las dos personas que se personaron en sus oficinas para iniciar un diálogo con la institución. Éstas fueron identificadas porque dejaron sus DNI en la entrada de la sede municipal, requisito indispensable para acceder al mismo. Con la denuncia, la EMVS solicitó un desalojo cautelar en el juzgado, argumentando que el edificio se encuentra en ruina. El desahucio tuvo lugar finalmente el pasado 14 de marzo. Ayer, los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento se mostraron dispuestos a retirar la citada denuncia por usurpación.

“Podemos asegurar que la Empresa Municipal de la Vivienda ha mentido al juez o que está mintiendo a los futuros compradores del edificio. En ninguno de los documentos de la subasta del pasado mes de noviembre (sin que hasta la fecha nadie haya pujado por él) se indica que el edificio esté categorizado como ruina. El equipo de urbanistas y arquitectos que participan en el proceso Corredera ha elaborado un informe en el que se detalla con exactitud el estado del edificio. Dicho estado no es ruinoso” sostuvieron los promotores del proceso de cesión alternativa.

“Tras estos eventos nos es difícil creer que el ayuntamiento de Gallardón y la Concejalía de Urbanismo tengan el más mínimo interés en generar dotaciones sociales en el Barrio de Malasaña y en la Ciudad de Madrid. Al igual que nos es difícil creer que su objetivo no sea vender los inmuebles públicos usando la empresa municipal de la vivienda como un mero facilitador para las constructoras e inmobiliarias privadas de la ciudad”, sostienen las asociaciones ciudadanas, antes de concluir: “Esta escandalosa situación no es más que la prueba fehaciente de que el Ayuntamiento de Madrid niega los mínimos espacios formales de participación ciudadana. A pesar de todo, el Proyecto Corredera continua con más ganas que nunca de enfrentar el expolio de lo común desde la ciudadanía autoorganizada y la participación real en la construcción de un Madrid para todos y todas”.