El análisis de la gestión sanitaria realizada por el Gobierno de Esperanza Aguirre en los últimos años no es nada halagüeña. Es lo que se desprende del estudio realizado por Jaime Baquero, de la comisión de Sanidad de la FRAVM, que aporta datos esclarecedores de las consecuencias que soportan los usuarios por el incremento de la contratación privada y la entrega de infraestructuras públicas al sector privado con ánimo de lucro llevadas a cabo por el Ejecutivo regional durante los últimos años.

A pesar de ser la tercera comunidad autónoma con mayor renta per capita, el dinero que el Gobierno regional ha destinado a cada madrileño entre 2004 y 2011 es un 13% menor que la media estatal, un dato cuanto menos preocupante a la luz de una información publicada por la prestigiosa British Medical Journal, según la cual por cada 80 euros recortados por persona en gastos sociales, la mortalidad general puede incrementarse casi un 1%. En 2011 el Gobierno regional destinará a actividades de prevención y promoción de la salud 150 millones de euros menos que en 2005. También la plantilla ha sido objeto de similares recortes: entre 2008 y 2010 se han destruido 2.771 puestos de trabajo, a los que habrá que sumar los 1.400 que, a tenor de los Presupuestos de este año, se eliminarán.

Estos sucesivos tijeretazos han permitido al Gobierno regional incrementar el presupuesto destinado a la contratación de servicios sanitarios privados (un monto que sólo en la primera legislatura aumentó un 76,27%). En 2010, mientras el presupuesto de los hospitales públicos crecía un 1,35% (lo que no cubre ni la tasa de reposición), los fondos destinados a conciertos privados y nuevos hospitales aumentaban un 23,2% y un 32%, respectivamente, en 2011.

Las consecuencias de esta decidida apuesta política por la privatización y la detracción de recursos públicos de la sanidad privada se dejan sentir, entre otras, en las listas de espera. El millonario plan aprobado en 2004 por Esperanza Aguirre para reducir la espera quirúrgica no ha dado los resultados esperados. Antes al contrario, entre 2005 y 2010 las personas pendientes de intervención aumentaron un 52,77%. De éstos, el 68,27% espera más de los 30 días prometidos por Esperanza Aguirre para ser operados.

Las listas de espera han alcanzado, además, a la atención especializada –el 25% de las primeras consultas se demoran más de dos meses y sólo el 20,3% es atendido en el plazo máximo recomendado de 15 días– y a la atención primaria, donde los algunos usuarios llegan a tardar 10 días en ver a su médico de cabecera.

A todo ello se suma la desaparición de los cauces de participación ciudadana existentes (consejos de salud) y de la Dirección General de Salud Pública, que trabajaba por abordar los problemas de salud a nivel colectivo y la protección de los sectores sociales más vulnerables.

En este contexto, la comisión de Sanidad de la FRAVM ha acordado convocar una asamblea sectorial para analizar el referido contexto y las perspectivas de futuro y valorar la posibilidad de convocar una nueva jornada de lucha vecinal en defensa de una sanidad 100% pública y de calidad.

La cita es el próximo 7 de abril a las 18.30h en la sede de la AV Valle Inclán de Prosperidad ((C/ Luis Cabrera 51, Prosperidad).