Desde 1991 miles de adolescentes se han dado cita en la calle San Vicente Ferrer para resolver dudas relacionadas con la educación sexual y la adopción de medidas de anticoncepción. Otros miles lo han hecho amparados en el anonimato del teléfono o de la consulta “en línea”. Hoy, casi trece años después de que abriera sus puerta, la amenaza de cierre se cierne sobre el Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad. Sus responsables culpan al anterior Gobierno de esta situación, ya que la anterior Consejería de Educación, presidida por Carlos Mayor Oreja, presentó al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales un informe negativo del Centro por el que se le denegó la subvención anual gracias a la cual funcionaban. “Creemos que su postura obedece a posturas ideológicas porque en nuestro centro se defiende una información sexual ajena a cualquier sesgo confesional y damos la píldora postcoital, cuestiones que no debían ser muy del gusto de una dirección como la de Juventud, caracterizada por sus posturas ultracatólicas y por apoyar a fundaciones que fomentan la castidad”, declaraba Alfonso Antona, vicepresidente de la asociación que gestiona el Centro –la asociación de Planificación Familiar-. Esta iniciativa surgió como resultado de la observación de las necesidades específicas que la población joven tiene en el acceso a los servicios de salud sexual y en respuesta a los objetivos marcados a nivel europeo por la Organización Mundial de Salud, que establece la necesidad de crear servicios específicos de atención a jóvenes en salud sexual en una proporción de uno por cada 100.000 jóvenes de entre 15 y 24 años. En Madrid, sin embargo, éste es el único. Desde su creación, el centro se ha convertido en un punto de referencia para miles de jóvenes. Más concretamente para 108.254 sólo en el período comprendido entre noviembre de 2001 y septiembre de 2003. La masiva afluencia de adolescentes se entiende, en parte, porque los servicios sanitarios públicos, incapaces de atender la demanda de los usuarios, derivan a un gran número de jóvenes a este centro.

Parece, sin embargo, que la Administración no comparte con los usuarios el reconocimiento hacia el servicio que el centro presta. Desde 1998 la paulatina reducción del apoyo institucional se ha traducido en recortes de recursos humanos y actividades. Durante este tiempo, la atención se ha garantizado gracias a los esfuerzos realizados tanto por la Asociación de Planificación Familiar de Madrid, encargado de su gestión, como por los voluntariados y el propio personal contratado.

El asedio de la política conservadora institucionalEl último golpe ha sido la denegación de la subvención gracias a la cual subsistían. Esta actuación tiene su base en un informe negativo emitido por la Dirección General de Juventud de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Los responsables del centro, sin embargo, aducen que éste “nunca ha recibido inspección alguna por parte de esta Dirección”. Explican así la situación: “Este tipo de acciones sólo se justifican por la política conservadora que caracteriza la acción de la Consejería de Educación, que obstaculiza los programas de educación para los jóvenes, donde prima lo asistencial frente a lo educativo y que conlleva ideologías que sostienen `la atención solidaria una vez producido el problema´ frente a un modelo de atención integral fundamentado en la prevención y la promoción de la salud”. Tras haber intentado, sin éxito, mantener una entrevista con la directora general de la Juventud, sólo les queda sensibilizar, tanto a la población como a las instituciones, de la necesidad de mantener un servicio que “a lo largo de sus años de existencia ha demostrado ser un recurso pionero e imprescindible”. Estas son algunas de las reivindicaciones que los responsables del centro piden para salvar la actual situación:Que los responsables de la Dirección General de Juventud ofrezcan una explicación pública sobre los motivos que le han llevado a realizar un informe negativo sobre la actuación del Centro. Que el Centro tenga un apoyo decidido y estable, no sólo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales dentro de los programas subvencionados a cargo del 0,5 del IRPF, sino también de las instituciones educativas y sanitarias de la Comunidad de Madrid.Que la administración madrileña cree, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, una red de centros específicos para jóvenes en salud sexual y reproductiva, integrando en ella al Centro. Que la educación sexual sea reconocido como un proceso necesario cuyo objetivo último es formar a la persona en su integridad que aprenda a aceptarse como sexuada y vivir de modo positivo su sexualidad. Una educación sexual regulada, normalizada y laica, tal y como plantea la LOGSE y otras leyes educativas.