“El Canal de Isabel II tiene la obligación de velar en dicha operación [de privatización, mediante la venta del 49% de la empresa pública] por la salvaguarda y protección del interés público y general frente al interés particular. Debe tenerse en cuenta, como sucede con la generalidad de este tipo de operaciones que la información que solicitan tiene marcado carácter estratégico para esta empresa pública”. Esta es la respuesta remitida por el director gerente del Canal, Adrián Martín López de las Huertas a la FRAVM en contestación a la carta que la federación vecinal remitió a la empresa pública en representación de las organizaciones que forman parte de la Mesa del Agua (UGT-Madrid, CCOO-Madrid; Ecologistas en Acción y la Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid) el pasado 18 de enero.

“Resulta curioso, por no decir alarmante -declara Paco Caño, responsable de Medio Ambiente de la federación- que el gerente de una empresa pública aluda a la salvaguarda y protección del interés general para justificar su negativa a dar a conocer una información referida a un bien y a un servicio público. Es precisamente en nombre de ese derecho por el que insistimos en exigir transparencia en todo lo que tiene que ver con la operación de privatización de algo que es de todos”.

CECU, por su parte recuerda a los poderes públicos que “están obligados a explicar a los ciudadanos las razones para pasar a manos privadas la gestión de un suculento negocio de más de seis millones de consumidores cautivos” que, en estos momentos “funciona, genera beneficios, mantiene precios muy competitivos y un alto nivel de calidad en la distribución”. Por todo ello, vuelve a solicitar que se den a conocer los informes solicitados “ya que, insistimos, han sido pagados con dinero público”.