Representantes de ATTAC-Madrid, de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas, entre otras organizaciones, registrarán el próximo lunes 11 de julio a las 11h, una alegación conjunta al anteproyecto de Ley de reforma y flexibilización del mercado de alquiler solicitando su retirada toda vez que precariza más aún los derechos de los inquilinos y minimiza las garantías judiciales de éstos en caso de desahucio.
Estas organizaciones advierten que, lejos de resolver el problema del acceso a la vivienda promoviendo el alquiler con las justas garantías para el arrendador y el arrendatario, el anteproyecto de ley favorece los intereses de los propietarios, especialmente los de los sectores inmobiliarios y financieros.
El anteproyecto precariza las condiciones del arrendatario al reducir de 5 a 3 años el límite legal de la duración de los contratos de arrendamiento. Además, el propietario podrá disponer de la vivienda en cualquier momento, independientemente de que esta posibilidad se haya pactado o no en el contrato, pudiendo obligar al inquilino a abandonar la vivienda en un plazo de dos meses.
Las organizaciones denuncian, además, que la futura ley contempla una vía para que bancos y grandes inmobiliarias puedan constituir un tipo de sociedad: Sociedad Anónima de Inversión Cotizada en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), parecida a la SICAV por sus ventajas financieras, fiscales y legales. Estas sociedades podrán adquirir viviendas con la obligación de destinarlas al alquiler únicamente durante 3 años con condiciones fiscales muy ventajosas (gravamen del 19% sobre las rentas obtenidas con una exención del 25%), liberándola de obligaciones después de ese plazo, un negocio redondo para los especuladores.
Todo ello se suma a los incentivos promovidos por el Gobierno para incentivar la adquisición de activos inmobiliarios mediante una exención del 50% de las rentas derivadas de la transmisión de inmuebles urbanos que sean adquiridos hasta el 31 de diciembre de 2012.
En definitiva, todas estas medidas hacen pensar que el objetivo del anteproyecto es liberar al sector financiero de sus activos inmobiliarios, no garantizar el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna privilegiando, desde los poderes públicos, el valor de uso de éstas.
Firman el documento: Attac-Madrid, Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Plataforma por una Vivienda Digna, Centro de Asesoría de Estudios Sociales (CAES), Grupo de Trabajo de Economía Sol, Plataforma de Auditoría de la Deuda, Plataforma por la Nacionalización de las Cajas, entre otros.
