El 30 de octubre. Es la fecha en la que el Gobierno espera aprobar la denominada ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2014. El proyecto de ley elaborado por el PP llegará al Congreso este jueves rodeado de polémica incluso en sus propias filas: multitud de alcaldes de esta formación política participaron el 13 de octubre en un encuentro celebrado en Madrid para poner de manifiesto su oposición a una proyecto que en palabras del vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE), constituye el ‘mayor ataque al municipalismo que se ha hecho en la historia de este país’.

Entre otras medidas, el proyecto de ley, que forma parte del programa de ajustes del Gobierno, retira las competencias en servicios sociales (atención a menores, asistencia a las personas mayores, inclusión de personas migrantes…) a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Todas ellas serán asumidas por la Diputación provincial.

La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) recuerda que la deuda de la Administración local, incluidas las diputaciones provinciales, apenas alcanza el 4% del Producto Interior Bruto, frente al 88% del resto de administraciones públicas. No cabe justificar la reforma, por tanto, apelando al déficit público. Todo apunta, a jucio de la confederación, que el proyecto de ley no es sino “el primer paso para convertir[los ayuntamientos]en un apéndice de los gobiernos central y autonómico, suprimiendo la autonomía local y fortaleciendo las propias diputaciones provinciales”, administraciones “que fueron creadas con la finalidad de asistir a los Ayuntamientos para garantizar el cumplimiento de sus competencias”. Si las competencias son asumidas por las diputaciones o por el Gobierno regional, inquiere,“¿dónde está el ahorro, salvo que los servicios se reduzcan?”.

En línea con el manifiesto suscrito el 13 de octubre por dos millares de ediles, CEAV entiende que el proyecto del Gobierno atenta contra el municipalismo y la autonomía local al relegar a los ayuntamientos a la posición de meros gestores administrativos contraviniendo así los principios de la Carta Europea de Autonomía Local de 1985 que España rubricó y el modelo autonómico vigente, que asigna estas competencias a los municipios.

Por último, el proyecto del PP fomenta la fusión de entidades locales menores, quepierden así esta consideración,sin tener en cuenta la voluntad de sus vecinos y vecinas.

Por todo ello, CEAV invita a las asociaciones vecinales del conjunto del Estado a que presenten mociones (ver fichero relacionado) en sus respectivos ayuntamientos para que el Gobierno retire su propuesta de ley y abra vías de trabajo y consenso con el resto de grupos políticos dada la trascendencia de esta reforma y la necesidad de garantizar la estabilidad de una ley que regule la vida local garantizando los derechos de ciudadanía de los habitantes de las localidades más pequeñas.

La confederación estudia convocar la formación de cadenas humanas en torno a los ayuntamientos para el próximo 30 de octubre.